Un recurso paraliza el derribo en O Grove de 52 chalés en primera línea de playa

El derribo de los 52 chalés adosados de la urbanización Os Raeiros, de San Vicente do Mar, en O Grove, ha quedado paralizado con el recurso contencioso que ha interpuesto la promotora Inproin Galicia S.L. contra la resolución de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) conocida en abril.

La orden de la APLU, adscrita a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, daba a la promotora un plazo de tres meses para ejecutar la demolición, que afecta a más de 40 propietarios que han comprado chalés en esta polémica urbanización, por los que han pagado, según la situación, hasta 540.000 euros.

El Ayuntamiento de O Grove recibió la resolución del derribo y fue informado por la propia Xunta del recurso contencioso interpuesto por la promotora cuando el alcalde, el socialista José Antonio Cacabelos, trataba de recabar datos en la Dirección Xeral de Urbanismo sobre las actuaciones a seguir por parte del Ayuntamiento. De hecho tenía previsto encargar un informe al respecto, pero no llegó a hacerlo porque en Urbanismo le indicaron que habría que esperar a la última resolución de los tribunales.Cacabelos cree que el proceso de Os Raeiros será largo y pone en duda que algún día se acometa derribo de los chalés. "Supongo que con este recurso, por otra parte legítimo, los promotores tratarán de ganar tiempo para buscar cualquier salida que no sea la demolición", dice.

El alcalde de O Grove admite que el Ayuntamiento sería incapaz de asumir los elevados costes de la operación. "Si tuviéramos que hacerlo, este Ayuntamiento debería cerrar durante 10 años porque no habría presupuesto suficiente para acometerlo. Tendría que ser la Xunta la que lo asumiera", apuntó.

Independientemente del caso Raeiros, el alcalde afirma que la mayoría de los ayuntamientos que tienen que ejecutar órdenes de derribo no lo hacen por falta de dinero, sobre todo en estos momentos de crisis, cuando las arcas municipales se encuentran vacías, debido en gran parte al parón urbanístico.

Cacabelos reconoce que las seis órdenes de demolición que afectan a O Grove han quedado sin efecto por falta de presupuesto. "Ya no digo nada de Raeiros, es impensable lo que podría costar tirar todo eso", añadió. En la exclusiva finca, situada frente a la playa que lleva su nombre, desde donde se divisa la isla de Ons, las obras comenzaron hace más de 10 años en suelo rústico, donde la ley solo permitía construir un apartotel.

En 2007, con la Xunta bipartita, una resolución de Política Territorial obligó a la promotora a restituir la parcela a su estado original, ajustarse a la licencia autonómica y comunicar al registro de la propiedad de Cambados la imposibilidad jurídica de segregación de la finca, dado su carácter indivisible. La promotora recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Galicia, que desestimó sus argumentos y concluyó que no solo pretendían vender ilegalmente los 52 chalés adosados, sino que había incumplido flagrantemente la Ley del Suelo al segregar la parcela catalogada como rústica.

La promotora, sin embargo, alega que la finca no tiene propietarios, sino socios de un complejo hotelero que disfrutan de una parte proporcional de la parcela, donde no se han construido chalés sino apartamentos.

La orden de demolición de esta urbanización de lujo fue uno de los últimos actos administrativos que firmó el ex director de la APLU Hipólito Pérez, el pasado 2 de marzo. Apenas dos semanas después, el Consello de la Xunta aprobó la destitución de este técnico que había nombrado el Gobierno bipartito.

Un año más, los propietarios disfrutan del veraneo, ajenos a los procesos judiciales. Entre los dueños de estos lujosos chalés se encuentra el actual conselleiro de Cultura, Roberto Varela. Su hermano Fernando es socio y administrador de la promotora.