Fútbol bajo sospecha

Alguien que se cree con derecho a comprar al presidente de una Diputación para obtener ventajosas contratas, ¿por qué no va a ser capaz de hacer lo mismo con el portero del equipo rival con el noble pretexto de asegurar el ascenso del propio a Primera División? La investigación judicial sobre el primer asunto ha llevado al segundo, ambos con el mismo protagonista: el constructor Enrique Ortiz, que es a la vez máximo accionista del Hércules, equipo recién ascendido a Primera.

El asunto está sub júdice y la presunción de inocencia sigue amparando al implicado, pero no hasta el punto de anular sin mayor investigación los abundantes indicios que apuntan al traslado al fútbol de un modelo de actividad empresarial que se sustenta en la descarada compra de voluntades. "Le di 100.000 euros al portero y se tiró para el otro lado en el gol de Tote", dice a su interlocutor el dueño del Hércules en una de las grabaciones realizadas cuando se investigaba el llamado caso Brugal, un asunto de corrupción relacionado con las contratas de basura de la Vega Baja alicantina.

Tote es el delantero centro del Hércules y, a la vista de esa y otras grabaciones incluidas en el sumario, el encargado de aplicar esa estrategia al fútbol. Las conversaciones publicadas por EL PAÍS revelan, con un lenguaje apenas disimulado, intentos de pagar a equipos o a jugadores concretos, como el portero del Córdoba, por dejarse ganar por el Hércules en las últimas jornadas del campeonato, en las que varios equipos se jugaban el ascenso en un estrecho margen de puntos. Nadie que escuche las conversaciones puede dudar de qué se trata, pero el juez del caso ha rechazado investigarlas y se ha negado también a remitirlas a las autoridades deportivas, como había solicitado la fiscalía. Alega, en respuesta a un recurso del Consejo Superior de Deportes, que son privadas, que carecen de entidad delictiva y que han sido obtenidas mientras se investigaban otros delitos. Esto último es discutible, pero el juez se acoge a precedentes de anulación de pruebas (como en el caso Naseiro) por ese motivo. Toda conversación telefónica es privada, pero deja de serlo si el juez autoriza su intervención en caso de delito; y aunque todavía no ha entrado en vigor la reforma penal que incluye como delito específico "alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba deportiva", es muy dudoso que el supuesto de compra de partidos no encaje en alguno de los tipos de maquinación fraudulenta ya contemplados en el Código Penal.

Si la justicia ordinaria no puede o quiere actuar, esa parálisis no debe afectar a las autoridades deportivas. Las conversaciones existen y son conocidas. Y hay posibles perjudicados, el principal el Betis, pero también otros afectados de rebote, como el Cádiz, que podría recuperar la categoría que perdió (2ª A) si se aplica al Córdoba la sanción prevista para este tipo de casos. Incluso puede tener consecuencias sociales. ¿Habría que anular de las quinielas los resultados de los partidos bajo sospecha? ¿Amañar partidos no puede considerarse un fraude en las apuestas deportivas, que mueven millones de euros? Ese aspecto de la cuestión justifica el nuevo recurso anunciado ayer por el Consejo de Deportes. Hace cuatro años el fútbol italiano se vio sacudido por un escándalo que incluía apaños relacionados con las apuestas y que se zanjó con el descenso a Segunda del Juventus de Turín y otras medidas de gran impacto.

La Federación y la Liga de Fútbol Profesional, la patronal de los clubes, todavía no han abierto la boca sobre este grave asunto. No sería aceptable que siguieran mirando para otro lado. Ni defendible que los seguidores del Hércules cerraran filas con quien ha demostrado no estar a la altura de la historia de un club con gran tradición en Primera. Ellos serían los más interesados en aclarar el asunto si no quieren que su equipo lleve para siempre la marca del intruso y el estigma de la corrupción.