De toros, España y las autonomías

Me encuentro entre esa mayoría de españoles que el domingo pasado retrataba la encuesta de EL PAÍS, ese 60% al que no le gustan los toros pero que en cambio no los prohibiría, y asisto a este debate con serenidad y naturalidad. Uno más de los muchos debates éticos a los que nos vamos enfrentando y seguiremos haciéndolo en el futuro como resultado de los avances de la civilización, ya sean estos resultados de avances científicos o de evolución cultural. Lo hemos visto con el debate de la fertilización artificial, de la muerte digna, de las células madre embrionarias, lo vemos con la protección del medio ambiente, con las consecuencias del cambio climático y lleva años planteándose en torno a la defensa de los animales.

Sin embargo, no veo que sea esa la actitud con la que se está afrontando el debate suscitado por la decisión del Parlamento de Cataluña de prohibir la fiesta de los toros a partir de 2012, sino que se hace en términos de defensa identitaria, mezclando todos los temas: los toros como identidad de la cultura española, la igualdad de derechos de los ciudadanos, las autonomías y la defensa de los animales.

Es cierto que la fiesta de los toros es una manifestación cultural española, que hunde sus raíces en la antigüedad, aunque tal y como hoy la conocemos es del siglo XVIII, y que hoy se celebra en España, en el sur de Francia, Portugal y en el mundo hispanoamericano. Pero también lo es que, en las últimas décadas, viene perdiendo apoyo entre la población y en especial entre los jóvenes. Encuestas realizadas sobre esta cuestión sitúan una fuerte correlación entre la edad y el género, y la aceptación de las corridas de toros es cosa de mayores y de hombres fundamentalmente, situándose en torno al 50% los jóvenes de 16 a 25 años los que prohibirían las corridas de toros. Es decir, el futuro de los toros es incierto y de esto es de lo que se deberían preocupar los defensores de la fiesta, en lugar de buscar culpables externos.

Esto puede deberse a diversos factores intrínsecos a la propia fiesta o, a la evolución del sistema de valores más propenso a la defensa de los animales. Es aquí donde deberíamos haber centrado el debate y este es el origen del debate en Cataluña. Se trata de una iniciativa popular propiciada por asociaciones ecologistas defensoras de los animales, que se ha tramitado de acuerdo con los procedimientos legales y en el marco de las competencias legislativas del Parlamento de Cataluña. Otra cosa es que los nacionalistas catalanes, de manera oportunista, hayan visto la ocasión de meter un rejón a la cultura española y que la ambigüedad del PSC, producto de sus contradicciones internas, con la libertad de voto ha propiciado la prohibición. Mi oposición a la prohibición está en que en este debate y en este momento debería haber prevalecido el valor de la libertad de elección del ciudadano de ir o de no ir, en lugar de la de prohibir.

Es normal que en un estado compuesto como es el español, con distintas comunidades y en el ámbito de sus competencias tengan normas distintas en diversos temas. Los catalanes pueden prohibir los toros y los andaluces declararlos bien de interés cultural. Los andaluces permiten la investigación con células madre embrionarias y los madrileños no y así podríamos seguir enumerando diferentes regulaciones resultado del ejercicio de la autonomía proclamado en la Constitución.

Las competencias sobre espectáculos públicos son exclusivas de las comunidades autónomas desde la primera generación de Estatutos de autonomía y nadie lo ha discutido hasta ahora, hasta el punto de que Canarias ha hecho uso de esa competencia para que no haya espectáculos taurinos desde comienzos de los noventa y nadie ha dicho nada, será porque gobierna el PP con Coalición Canaria.