El 'caso Ivex' se reabre mientras el de Terra Mítica espera un informe

El paso de Francisco Camps por la presidencia autonómica está marcado, sin duda, por importantísimos escándalos dentro del PP, incluido el que afecta a su propia persona, que la Justicia trata de depurar. Pero tampoco estuvo exento de ellos el mandato de Eduardo Zaplana. Varios siguen vivos judicialmente: el caso Fabra; el caso Ivex (Instituto Valenciano de la Exportación), que acaba de ordenar reabrir la Audiencia de Valencia, y el caso Terra Mítica, que lleva más de un año sin decisiones significativas, tras cinco de instrucción.

Eduardo Zaplana no ha tenido, de momento, que sentarse en el banquillo, como previsiblemente tendrá que hacerlo en los próximos meses su sustituto, Francisco Camps. Pero dejó como herencia escándalos de corrupción que afectaron a empresas públicas, a dinero público, a cargos públicos, y que aún hoy están en manos de los jueces. La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que reabra el caso Ivex, que llevó a los tribunales el PSPV por supuestas irregularidades en el contrato suscrito entre la Generalitat y el cantante Julio Iglesias para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana en el extranjero con varios conciertos. Aquel contrato se firmó por 2.253.795,39 de euros (375 millones de pesetas). Se presentó incluso en las Cortes. Pero tenía un anexo que el PP ocultó a la cámara y al Síndic de Comptes que superaba los 3.600.000 euros (600 millones de pesetas).

El juez no ha decidido si le afecta la nulidad dictada por el TSJ

La causa se abrió por los delitos de malversación de fondos, delito fiscal y falsificación en 2001 en Valencia, después de que la Audiencia Nacional rechazara hacerse cargo del asunto. Desde entonces y hasta el pasado mes de marzo, se investigaron los hechos. Casi una decena de imputados, los miembros del consejo de administración del Ivex y otros responsables de entidades relacionadas, pasaron a dar su testimonio sobre cómo se realizaron los pagos al cantante, quién, en virtud de qué servicios y cómo se acreditaban. Sin embargo, la ausencia del considerado como responsable directo de las irregularidades detectadas, José María Tabares, ex director general del Ivex, parecía dar al traste con todas las pesquisas al no poder tomarle declaración por estar huido de la Justicia tras ser condenado a cinco años de cárcel por estafa, también por un asunto relacionado con su gestión al frente del Ivex. "Quien ha venido constituyéndose como eje central de las operaciones de ejecución del contrato con Julio Iglesias era el señor Tabares, que era personalmente quien daba las órdenes y las ejecutaba, a través de diverso personal que compone o componía la red directiva y administrativa del Ivex", dijo el juez en su auto de archivo.

Reconoció en el mismo documento que la contabilidad no estaba ni mucho menos clara. Pero despreció continuar y no aceptó la petición reiterada de los socialistas de que declarara el cantante (el pago de dos de sus conciertos, en Orlando y México centra las sospechas). Ahora, la Audiencia de Valencia dice que debe practicarse no sólo esa declaración sino también, entre otros, la del que fuera consejero de Comercio, Diego Such, y del que fuera máximo responsable del Instituto Valenciano de Finanzas, José Manuel Uncio, que también fue investigado por el uso irregular de su tarjeta de crédito corporativa. La Audiencia observa indicios sólidos de malversación y entiende que la hipotética falsificación de facturas va más allá de Tabares, o al menos debe preguntarse a otros.El caso Terra Mítica, que lleva ya cinco años de investigación judicial, se ha convertido en un auténtico enjambre de recursos, muchos de ellos pendientes de resolver, está en punto muerto. Desde hace más de un año se espera el informe del perito de Hacienda sobre la documentación que supuestamente acredita lo que se pagó y los servicios por los que se pagaron. En esa documentación está la esencia de la causa: la maraña de facturas falsas que sirvió para un fraude de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque temático de Benidorm, una de las obras emblema de Eduardo Zaplana en la localidad de la que fue alcalde.

La elección de ese perito ya fue difícil. Una vez seleccionado, pidió un plazo más largo para poder analizarlo todo y dijo en mayo del pasado año que en ningún caso tendría su informe antes dos meses, es decir, julio de 2009. El informe aún no está. Entre tanto, solicitó incluso más información a Hacienda. ¿Qué sentido tendrá el análisis? Dudoso, porque el delito principal, el que dio origen a la misma, se ha dado por prescrito. Es decir, que cinco años después de que se iniciara una de las más complejas investigaciones y uno de los más graves escándalos de corrupción, los delitos de falsedad y fiscal han desaparecido porque el tiempo ha pasado sin tomar decisión alguna.

El caso Terra Mítica está en punto muerto desde hace meses. Pero mantiene imputados, salvo escasas variaciones, incluido el fallecimiento de uno de ellos, a todos lo que lo estuvieron desde el principio. El juez sacó del catálogo de delitos en marzo el fiscal. El perito no ha entregado aún informe alguno. Los recursos contra el archivo precisamente de la desaparición por prescripción de la imputación por delito fiscal (presentados por todas las acusaciones) tampoco se han resuelto. Y, más aún, el juez tiene pendiente una decisión trascendental, pero desde el año pasado: decidir si le afecta a su jurisdicción penal una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de Lo Contencioso-administrativo, que anula toda la causa por no haber cumplido Hacienda desde el principio con el trámite de dar oportunidad a los implicados en el supuesto fraude de explicar las supuestas irregularidades en su liquidación de impuestos de IVA y de Sociedades por servicios realizados a Terra Mítica. Eso no está resuelto, pero el juez ha acordado comisiones rogatorias a Andorra, Suiza y Alemania para averiguar movimientos de dinero de varios de los imputados. Y, además, ha acordado que se sumara a la causa la información que tenía otro juzgado de la querella que presentó Eduardo Zaplana contra dos empresarios imputados en la causa que se reunieron con dos diputados autonómicos socialistas, que grabaron la conversación, a los que les dijeron que parte de las comisiones que se pagaban en la construcción del parque iban a parar al ex presidente. Más aún, una de las cuestiones centrales no se ha resuelto pero Hacienda, el pasado mayo, decidió embargar preventivamente la devolución de dos declaraciones de renta al que se considera principal cerebro de la trama: Vicente Conesa, amigo de Zaplana.