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El juez pide ayuda a las autoridades para digitalizar el 'caso Brugal'

Querer y no poder. Carlos San Martín, magistrado del caso Brugal (trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja) se lamenta en su última resolución de las dificultades materiales y procesales para levantar el secreto del sumario, cuya investigación comenzó en mayo de 2007. Ante este escenario San Martín pide ayuda a "las autoridades" para digitalizar la causa. El sumario tiene 15 imputados, entre ellos, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP.

San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela, en una providencia firmada el pasado día 23 y trasladado a las partes ayer, sigue sin fijar una fecha para alzar la reserva de las diligencias. El juez dedica el último punto del acuerdo a los obstáculos que le impiden facilitar a las partes copia del sumario. Primero destaca el "alto número de representaciones procesales y el volumen documental de las diligencias", miles de folios que suman unos 60 volúmenes, y a continuación asevera: "Siendo inviable el realizar un fotocopiado íntegro de las actuaciones ante la carestía de recursos humanos y materiales que soporta el juzgado, acrecentadas por la altísima pendencia de asuntos en trámite, se acuerda ordenar la práctica de cuantas gestiones sean precisas para proceder al completo volcado en soporte digital de las actuaciones, de las que deberá expedirse bajo fe pública judicial copia en soporte DVD o similar". "Todo ello en el plazo más breve posible e instando a las autoridades de quien dependa dicho servicio cuanta colaboración sea posible en aras de remover los obstáculos que impidan la ejecución de lo acordado", añade.

Aluvión de recursos

La segunda rémora la que tiene que hacer frente el magistrado es el aluvión de recursos e impugnaciones (un total de 15) presentados por las partes a sus dos anteriores autos,

firmados los pasados días 12 y 14, respectivamente. En el primero, San Martín se inhibió de varias piezas, entre ellas, la que afecta a Ripoll y relacionada con el plan zonal de basuras de La Vega Baja. Una segunda pieza hacía referencia a supuestos intentos de compra de partidos por parte del Hércules. El Juzgado número 7 de Alicante ha archivado esa causa porque no es delito. El fiscal Anticorrupción ha pedido al juez que traslade los hechos a la Administración deportiva.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de julio de 2010