El fiscal cuestiona la investigación de la juez del 'caso Lopera'

La Fiscalía de Sevilla censuró ayer las medidas impuestas por la juez Mercedes Alaya al máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, "por no ajustarse a Derecho". El ministerio público criticó la anulación de la venta del 51% de las acciones del club, ya que la considera innecesaria para continuar con la investigación en marcha. Ayer la fiscalía mostró su oposición a la magistrada mediante el recurso de apelación presentado en la Audiencia Provincial, a la que pide que corrija a la juez instructora.

De este modo la fiscalía se une a la defensa de Lopera, que acusó a la juez de someterle a un "expolio" en su duro recurso, a pesar de que el ministerio público inició el caso al presentar una denuncia por supuesto delito societario y apropiación indebida.

La temperatura del caso ha subido desde que hace diez días declaró Lopera como imputado. Ayer, el máximo accionista avisó de que tras el proceso judicial reclamará "todos los daños morales y patrimoniales que se le hubieran inferido", además de decir que es víctima de una campaña de desprestigio.

En su recurso, la fiscalía rechaza las decisiones más relevantes de la magistrada, entre ellas la fianza de 25 millones de euros impuesta a Lopera por hipotéticas responsabilidades civiles. Lopera ha abonado esta semana esta garantía.

En su auto, la juez había reprendido la postura de la fiscalía: "No podemos compartir en absoluto los criterios del ministerio fiscal porque estamos ante un procedimiento penal y no civil (...) de nuevo se equivoca el ministerio público (...) para finalizar, el ministerio fiscal vuelve a sostener la prescripción de los hechos y a tratar de desvirtuar el informe pericial alegando informes y escritos presentados por la defensa".

Pericial pendiente

Ahora, en respuesta a la magistrada, la fiscal arguye que aún no se puede probar que Lopera haya incurrido en una gestión fraudulenta, ya que todavía no está acabado el informe pericial. Los técnicos estiman que el Betis dejó de percibir 12,4 millones entre 1993 y 1999. Además, la fiscalía solicita a la Audiencia que anule el resto de medidas cautelares y que le pida una caución a las tres asociaciones opositoras personadas como acusaciones, porque es "un requisito imprescindible" según la ley.

La fiscalía no estima acreditados "actos contrarios a la ley" cometidos por Lopera "en los 16 años previos a la denuncia", cuando el máximo accionista era presidente del Consejo de Administración o consejero delegado. Por último, el ministerio público llama la atención sobre una multa que debió abonar Lopera por dos delitos contra la Hacienda Pública. La juez acusó a Lopera de amañar el pago y hacer que el Betis pagara la sanción. Pero la fiscal corrige a la magistrada: "Sobre las penas de multa, la pericial no indica que hayan sido pagadas por la sociedad deportiva". Mientras, ayer dimitió el vicepresidente Ángel Martín por su imputación en el caso.