Ripoll rechazó 100 alegaciones contra el cambio del basurero bajo sospecha

La adjudicación del plan zonal de residuos número XVII, correspondiente a la comarca de la Vega Baja, fue aprobado por unanimidad en enero de 2008. No ocurrió lo mismo con el posterior cambio de ubicación de los terrenos sobre los que debían construirse el vertedero y la planta de tratamiento, en la pedanía de Torremendo, de Orihuela. Las maniobras con la adjudicación de ese plan han desencadenado la denominada operación Brugal, en la que la policía practicó esta semana diversas detenciones y registros y el juez acabó imputando al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP; al concesionario del plan, Enrique Ortiz; al propietario del terreno donde se trasladó la ubicación inicial, Ángel Fenoll; a tres concejales del PP del Ayuntamiento de Orihuela y a otras cinco personas.

Ripoll preside el consorcio de ese plan zonal, así como los otros cinco consorcios del Plan Integral de Residuos en la provincia de Alicante. El juez le atribuye cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El pasado jueves por la noche, a la puerta de la Diputación de Alicante, en cuyo interior les negó Ripoll la posibilidad de ofrecer una rueda de prensa, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, y la secretaria provincial del PSPV-PSOE, Ana Barceló, explicaron que sus representantes recurrieron en su momento el cambio de ubicación del vertedero.

En efecto, cuando Ortiz solicitó en abril de 2008 cambiar la ubicación del vertedero a unos terrenos próximos a los inicialmente previstos, en la misma pedanía de Torremendo, que dio la casualidad que eran los que Fenoll había propuesto a su vez en otra opción al concurso que había sido desestimada, se presentaron un centenar de alegaciones. El consorcio las rechazó todas con la oposición de seis ayuntamientos socialistas de la comarca.El centenar de alegaciones presentadas durante el verano de 2008 trataban de evitar que el empresario Ángel Fenoll entrara en la gestión de la basura comarcal por la puerta de atrás. Para ello, rechazaban que se cambiara la ubicación del vertedero comarcal que ha de construir la unión temporal de empresas Cespa-Ortiz, adjudicataria del plan zonal de residuos de la Vega Baja, de la partida de Lo Cartagena a la de La Pistola, en la misma pedanía de Torremendo. La mitad de las 120 hectáreas de superficie de los terrenos de La Pistola son propiedad de Ángel Fenoll y la otra mitad de Enrique Ortiz.

También el Ayuntamiento de Murcia presentó 12 alegaciones contra el traslado porque afectaba a la pedanía murciana de la Zeneta (incluso la Asamblea Regional de Murcia aprobó una moción en ese sentido). Todas fueron desestimadas en el pleno del consorcio del plan zonal número XVII celebrado el 22 de diciembre de 2008 con 31 votos en contra de los 196 que tiene el plenario. Aquella reunión, a la que asistió como invitada la alcaldesa de Orihuela, Mònica Lorente, registró la oposición de los ayuntamientos de Benijófar, Bigastro, Guardamar del Segura, Redován, San Isidro y Pilar de la Horadada, gobernados por los socialistas. No asistió la representación del municipio de Benferri.

Tras la aprobación del cambio de ubicación de los terrenos donde se ha de construir el vertedero comarcal, en marzo de 2009, los ayuntamientos socialistas de la Vega Baja del Segura presentaron recursos de reposición, que fueron de nuevo desestimados el 21 de diciembre de 2009 por la mayoría de que dispone el PP en el Consorcio del Plan Zonal.

Enrique Ortiz, que ya gestiona, a través de la empresa Inusa, los residuos de la zona XVI, correspondientes a la ciudad de Alicante, ganó el contrato de la zona XVII, que corresponde a 27 municipios de la Vega Baja, en un concurso al que se habían presentado siete ofertas, entre ellas la de Ángel Fenoll, que concurrió con su empresa Proambiente, en alianza con la mercantil Sufi.

Proambiente es la propietaria de tres fincas en la partida La Pistola, de Torremendo, cuyos terrenos ofrecía en la propuesta y que acabarían siendo aquellos donde se trasladó la ubicación originalmente propuesta por la empresa de Enrique Ortiz que sí que obtuvo la adjudicación.

A su vez, Sufi, en unión temporal de empresas con Liasur y Gobancast, consiguió en octubre de 2008 la contrata de la recogida de basura en Orihuela, una contrata que estuvo paralizada desde que el propio Fenoll protagonizara un escándalo al hacer pública una grabación en la que se revelaba un supuesto intento de soborno al alcalde y varios concejales por parte de la empresa Urbaser, que concurría a la concesión en competencia con el propio Fenoll. La apariencia salomónica que dio la resolución del concurso, que dejó fuera dos años después tanto a Proambiente como a Urbaser, no disipó la sospecha de que, en ese caso también, Ángel Fenoll se había colado por la puerta de atrás. De hecho, el juez ha imputado a tres concejales de Orihuela en relación con esa contrata. Fenoll debe pagar una fianza de 300.000 euros.