La Diputación deja de ser un remanso

El Grupo Socialista de la Diputación de Alicante ha decidido cerrar el periodo de colaboración y pacto que había mantenido con el presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, durante toda la legislatura. La sede provincial alicantina, en la que solo están representados el PP y el PSPV, ha sido durante tres años un remanso político, en contraposición al alto grado de crispación que afecta al resto de instituciones de la vida pública valenciana. La imputación de Ripoll en el caso Brugal ha abierto las hostilidades.

Los diputados de la oposición fueron desalojados de sus dependencias el jueves a las nueve de la noche y tuvieron que atender a los periodistas en la calle. Fue el primer gesto de los nuevos tiempos. Y la primera medida que adoptaron ayer los socialistas fue solicitar por registro de entrada la facturación que haya podido realizar a la Diputación unas 70 empresas vinculadas a Enrique Ortiz o Ángel Fenoll desde el 1 de mayo de 2007 hasta ahora.

El PSPV de Alicante rompe el principio de acuerdo sobre el Rico Pérez

"La confianza en Ripoll se ha quebrado", admite María Teresa Carbonell, portavoz adjunta del grupo socialista, quien considera conveniente un cambio de actitud de su partido, "que pasa por pedir mucha más información", aunque sin renunciar a seguir insistiendo en la dimisión del presidente de la Diputación, "a la que ya no debería representar tras quedar imputado por cinco delitos". Carbonell cree que "el PP de Alicante no puede escudarse más en la limpieza de su gestión, porque ha convertido la Diputación en un cortijo".

La presidenta provincial del PSPV, Ana Barceló, mantendrá el martes una reunión con el grupo, antes del pleno del 20 de julio, para decidir la estrategia de futuro. Ésta pasa, adelantó Barceló, por "trabajar para que los ciudadanos sepan si la institución funciona correctamente", porque "ahora Ripoll está bajo sospecha". "Y no puede negarse a ser transparente, ya que él marcó diferencias con Camps, al que criticó por no tomar medidas cuando estalló el caso Gürtel", ahondó.

Mientras, en el Ayuntamiento de Alicante se ha roto la única comisión entre el equipo de gobierno y la oposición socialista creada en esta legislatura: la del Rico Pérez. El jueves por la noche, la comisión ejecutiva municipal del PSPV-PSOE en Alicante decidió, previa consulta con el líder socialista, Jorge Alarte, dejar en suspenso su apoyo al principio de acuerdo alcanzado días atrás para levantar un nuevo Rico Pérez. La decisión se mantendrá hasta que se aclare la situación judicial de Ortiz, dueño del Hércules C.F. y ahora imputado. "El escenario ha cambiado", insistió ayer Roque Moreno, portavoz socialista en el Ayuntamiento. "Sonia Castedo tiene mayoría absoluta y puede aprobar el plan, pero que no busque al PSPV como cómplice de esta operación", añadió Barceló.

Pero el equipo de gobierno, molesto por una medida que entiende que perjudica a los ciudadanos, no quiere esperar. Castedo mantiene su intención de llevar este acuerdo al próximo pleno y el PP tiene mayoría.