Oltra denuncia una rebaja de sanciones a asilos de Sedesa

La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes valencianas Mónica Oltra denunció ayer que la Generalitat ha reducido en más de 100.000 euros las sanciones propuestas por la inspección a un grupo de residencias para mayores gestionadas por la empresa Sedesa, controlada hasta hace tres semanas por el hermano del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino. La Consejería de Bienestar Social respondió ayer que la reducción de la multa obedece a que la empresa resolvió los problemas detectados por los inspectores en el plazo que se le dio para hacerlo.

Oltra destacó que 21 residencias del grupo Savia, marca bajo la cual opera la empresa Gerocentros del Mediterráneo -participada por Sedesa-, han recibido algún tipo de sanción leve, grave o muy grave desde 2007 por parte de los servicios de inspección de la consejería. La diputada explicó que la inspección es la encargada de plantear la propuesta de sanción pero no fija la cantidad final, que depende de la dirección general de Personas con Discapacidad y Dependencia. Pese a que el conjunto de las sanciones debería haber supuesto una multa de entre 121.500 y 600.000 euros, finalmente, la dirección general fijó una suma de 15.000 euros, según Oltra.

Bienestar Social sostiene que no ha habido ningún trato de favor

Compromís ha registrado una pregunta las Cortes en la que pregunta al Consell los motivos para reducir la sanción y "si la razón es que las residencias eran de familiares de Cotino". Se trata de resoluciones "arbitrarias, no justificadas, no motivadas y que benefician a la empresa de familiares del señor Cotino".

Bajo la gestión de Juan Cotino de Bienestar Social, se aumentó el número de plazas de residencias del grupo Savia concertadas con la Generalitat y del precio por plaza previsto inicialmente.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social, ahora dirigida por Angélica Such, negaron ayer que haya habido cualquier trato de favor y sostuvieron que el procedimiento seguido en estas sanciones ha sido el ordinario. "A todas las empresas se les da un plazo de seis meses para resolver el problema detectado, y si lo resuelven, como ha sido el caso, se les reduce la sanción", comentan. "El objetivo de la inspección es que se resuelvan los defectos detectados".