Louzán ve de "interés general" que se certificara en falso el fin de una obra

Certificar como acabada y pagar una obra pública cuando apenas estaba comenzada responde a "la defensa del interés general". Con esta declaración defendió ayer el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán (PP), el irregular procedimiento seguido para construir una carretera que investiga el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a raíz de una denuncia del PSdeG-PSOE. Están imputados el ahora conselleiro Agustín Hernández, director de Infraestructuras del organismo provincial cuando ocurrieron los hechos, en diciembre de 2008, así como el ingeniero de la Diputación Baltasar Pujales, responsable de esa obra, la variante de Lira en el municipio pontevedrés de Salvaterra do Miño.

Louzán, que declaró ayer como testigo ante el alto tribunal, defendió con ahínco al conselleiro, cuya labor tachó de "excepcional", y siguió a pies juntillas el guión de defensa de los dos imputados: son los técnicos los que "certifican, supervisan y ven las obras", no sus superiores. "La labor de Agustín Hernández no era otra más que de coordinación y dirección" del área de Infraestructura de la Diputación, ahondó ayer el presidente provincial ante los periodistas al salir de la sala del alto tribunal gallego.

El ahora responsable de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta había alegado exactamente lo mismo en su declaración el pasado viernes ante el magistrado, y sostuvo que avaló el certificado en falso de la obra sin saber su estado real. Pujales, ante el juez, asumió en solitario toda la responsabilidad por ese irregular proceso, una decisión que dijo haber adoptado sin informar a Hernández cuando le pasó la acta para que la firmarse y se pudiera abonar el importe a la constructora para no perder una subvención del Estado.

La polémica variante de Lira, adjudicada a Sercoysa, una empresa en la que fue directivo Hernández antes de entrar en la Diputación pontevedresa, se construyó nueve meses después de declararse como terminada y pagada (331.000 euros). Los socialistas presentaron su querella en los tribunales medio año antes de que estuviese lista la carretera, construida en un tiempo récord, entre julio y septiembre de 2009.

Louzán, en declaraciones a la prensa, insistió no obstante en calificar de "inocuo" todo el procedimiento de esa obra. "Lo único que pretendía era la defensa del interés general porque así lo demandaba la corporación de Salvaterra y los vecinos". Y recordó que se exigió un aval a Sercoysa cuando se certificó en falso como finalizada la obra para garantizar su posterior construcción. "Es una denuncia política", dijo el presidente de la Diputación al acusar a los socialistas de buscar "réditos políticos que no son capaces de ganar en las urnas".

El alcalde de Salvaterra do Miño, Arturo Grandal (PP), también declaró ayer ante el tribunal en calidad de testigo por una obra "de la Diputación en la que nada tiene que ver el Ayuntamiento", destacó. "Poco puedo aportar", dijo tras quejarse de haber ser citado a declarar. "Si fuera de otro partido, no me llamarían", se quejó.