Font de Mora justifica el recorte de los 54 delegados sindicales por "necesidad"

Los recortes del gasto en personal docente, que programa la Consejería de Educación para el próximo curso, no responden a una "agresión" contra los trabajadores ni el sistema educativo. Por el contrario, los cerca de 75 millones -que estiman los sindicatos- se justifican porque vienen "obligados por las circunstancias y la necesidad", según declaró ayer el consejero Alejandro Font de Mora en unas jornadas sobre plurilingüismo, a las que han sido invitadas sólo comunidades gobernadas por el PP. El País Vasco y Cataluña, que completan el abanico de lenguas cooficiales del Estado, no tienen representación alguna.

Font de Mora afirmó que el recorte de 54 delegados sindicatos de 250 se ha hecho porque "sobrepasaban el número contemplado en la normativa"; y cifró el "ahorro" en 2,6 millones.

Los sindicatos niegan la legalidad y dicen que es para "acallar" sus voces

Miguel Á. Vera, secretario de CC OO, "desmintió" que sea legal, ya que la actual representación proviene "de 1991 y de los posteriores acuerdos consolidados en el sistema educativo".

Guillermo Martí, secretario de Fete-UGT considera que "Educación resta efectivos a los sindicatos para acallar su voz". Se trata, en su opinión, de una estrategia de asfixia hacia los representantes de la escuela pública iniciado tras la huelga del 20 de abril de 2009 que paralizó el sistema educativo no universitario, por pretender traducir al inglés Educación para la Ciudadanía. "Luego siguieron los recortes con la desnaturalización del Consejo Escolar Valenciano, con el recorte de la participación de los representantes del profesorado, entre otros (padres, alumnos y movimientos de renovación pedagógica) y ahora con esta nueva agresión y linchamiento a las organizaciones sindicales". Martí cifra en 75 millones el recorte total en recursos humanos, entre el profesorado no universitario, el universitario y de delegados sindicales.

El tijeretazo afectará también al valenciano, bajo el disfraz de la "libertad de las familias". Un lema que no se aplica en el caso de los padres que solicitan los estudios en valenciano, pero abre la puerta al boicot de grupos españolistas a la Llei d'Ús i Ensenyament, que en 1983 estableció un sistema educativo bilingüe obligatorio de los 6 a los 16 años, mediante tres planes de inmersión.

Font de Mora se presentó asimismo como "pionero" en la introducción de los colegios bilingües inglés-castellano (un proyecto piloto de tres centros), obviando la delantera que llevan Madrid y Murcia.

La jornada terminó como empezó: el consejero enfrentado a padres y sindicatos por "la deficiente planificación educativa". Y todas las asociaciones de padres de alumnos de la comarca de La Valldigna, que protestaron por el retraso del nuevo instituto, lo que obligará en septiembre a escolarizar a los alumnos de tres poblaciones en barracones.