Facenda ve inminente el aval del Constitucional a la Lei de Caixas

Se utilizó como arma arrojadiza para forzar la fusión de las cajas en un momento en que Caixanova se negaba. Fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC) y suspendida en 11 puntos clave. Ahora, cuando ya se ha despejado el camino de la integración de las cajas gallegas, la conselleira de Facenda anuncia que el TC va a levantar la suspensión cautelar sobre ocho de los 11 preceptos impugnados de la Lei de Caixas.

La consecuencia perversa es que, justo ahora, la norma aprobada a toda prisa con los votos del PP y el BNG podría dificultar la fusión gallega, porque obliga a renovar los órganos de gobierno de las entidades, con el consecuente cambio de sus presidentes. Para Marta Fernández Currás, que en su momento defendió con ahínco la validez del texto, el alto tribunal confirmará la semana que viene que "es perfectamente constitucional, comparable con el contenido de otras leyes autonómicas".Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, que el TC autorice la entrada en vigor de ocho artículos recurridos no implica un juicio de fondo sobre la constitucionalidad o no de esos preceptos.

Si se confirma la información adelantada ayer por la conselleira de Facenda, la semana que viene el Constitucional mantendrá la suspensión en solo tres apartados de la Lei de Caixas aprobada en enero: el que da poder al Gobierno autónomo para aprobar un SIP o fusión fría, el que establece las medidas para afrontar una situación de déficit patrimonial y un tercero, que veta la entrada de independientes en el consejo de administración.

Según la Xunta, el Constitucional levantará la suspensión sobre el resto de los preceptos que el Gobierno había recurrido, lo que en la práctica significa que las cajas deben renovar en dos meses sus órganos de gobierno. Un plazo que, si se ejecutase ahora mismo, sería incluso menor, ya que a principios de año ambas habían dado los primeros pasos para cambiar a sus cúpulas según la ley.

A nadie se le escapa que es un punto peliagudo en un momento en el que se negocia el protocolo de fusión, sobre todo después de que Caixanova y Caixa Galicia hayan aprobado el plan de integración. Sobre las repercusiones que puede tener la medida, la titular de Facenda recordó que ahora el contexto es "distinto al que existía cuando se aprobó la ley". "Es de interés de todos garantizar la estabilidad y la seguridad para esta fusión", añadió.

Sartén por el mango

La guerra política está servida. El PSdeG calla y el BNG ya ha solicitado que se active la renovación de los consejos, lo que en la práctica apartaría del poder a los presidentes de las dos cajas por cuestiones de edad, y a un gran número de políticos en activo. A partir de ahí, nuevas caras tendrían que votar la fusión, cuyo acto formal está previsto para octubre.

No parece que eso vaya a suceder. Facenda ya ha dejado caer que la propia ley regula un periodo transitorio para que se completen las integraciones, en donde se mantienen los consejos de ambas entidades. Fuentes del entorno del PP reconocen que se puede buscar algún mecanismo que permita que todo quede como está durante el tiempo que sea necesario para fraguar la nueva entidad. Pero lo cierto es que otras fuentes ven que la Xunta tiene ahora la sartén por el mango para forzar el relevo generacional.