Un inspector de Lugo admite la retirada de multas con "alegaciones verbales"

El inspector de la Policía Local de Lugo, José Ramón Vázquez Río, regresó ayer al edificio de los juzgados para declarar como imputado ante la jueza que investiga un caso de supuesto sobreseimiento irregular de sanciones en este cuerpo policial. El agente llegó esposado, procedente del módulo de seguridad del centro penitenciario de Monterroso donde está encarcelado por su presunta implicación en la trama de explotación sexual de mujeres que investiga, bajo la denominación de operación Carioca, el Juzgado de Instrucción número 1.

Vázquez Río, que al contrario que en otras ocasiones apareció con la cara al descubierto, es una de las tres personas que fueron objeto de pinchazos telefónicos en el caso de las multas. De hecho, en el sumario figuran varias llamadas al móvil de este mando policial en las que se pedía la retirada de sanciones. Suya es la frase en la que se lamenta de los problemas que puede encontrar para pedir a un compañero que condone una multa: "Ya se lo he pedido doscientas, por lo menos", afirmó el inspector.

Un agente declaró voluntariamente como testigo tras ser citado por error

Vázquez Río declaró por un presunto delito de tráfico de influencias, reconoció las conversaciones telefónicas y, aunque en algunos casos dejaba entrever que se interesaría por la situación que le planteaban sus interlocutores, alegó ayer ante la instructora que actuaba así para darles largas. Tal y como hicieron otros compañeros, el inspector admitió que en la Policía Local de Lugo se aceptaban "alegaciones verbales".

Tras la declaración del inspector, hubo sorpresa. El agente Jesús Candal Rivas, delegado sindical del CSIF, entró a comparecer como imputado y acabó declarando voluntariamente como testigo, tras ser advertido por la jueza de que su citación obedecía a un error.

En su declaración dijo que los agentes de Lugo se veían en ocasiones obligados a asumir alegaciones verbales porque el sistema instaurado era "deficiente", si bien precisó que este tipo de argumentos no se admitían en el caso de atestados por delitos contra la seguridad, y sostuvo que había formularios para retirar las multas que proporcionaba la propia Administración.

A preguntas del ministerio fiscal aclaró que la decisión de usar un boletín de retirada o asumir alegaciones verbales dependía de quién estuviera a cargo de las unidades como responsable. Candal aportó una copia de la página web del Ayuntamiento de Lugo, que la jueza comprobó que concordaba con la realidad, para demostrar quién es el responsable de la unidad de sanciones. Y explicó que esta unidad está integrada en la Dirección General de la Policía Local, cuyo máximo responsable también ha declarado en este proceso como imputado.