El fiscal aprecia que el delegado en Ourense falsificó un documento

El proceso judicial contra el superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, por cobrar subvenciones de fondos comunitarios para obras que no se ejecutaron, continúa abierto. La fiscalía, que desde que se abrieron las diligencias insistió en la prescripción del delito, reconoce ahora que Martínez pudo haber incurrido en una falsificación. Según el fiscal, siendo alcalde de Arnoia, y en calidad de presidente del grupo de acción local Ceivam, Martínez certificó ayudas europeas del plan Leader para la construcción de instalaciones que ya existían, lo que supone el reconocimiento de que el dinero percibido por Ceivam fue desviado.

El ministerio público secunda así la tesis de los demandantes, aunque pide de nuevo el sobreseimiento de la causa contra el superdelegado por considerar que el delito ha prescrito. El BNG de Arnoia demandó a Martínez en septiembre de 2006. El proceso fue paralizado por el juzgado de Ribadavia en 2008, a petición del demandante. Al igual que ahora el fiscal, el abogado de Martínez no negaba la comisión del delito, sino que alegaba que desde 1999, fecha de la solicitud de la subvención, y hasta que se registró la denuncia se superaron los cinco años de plazo que marca la ley.

El proceso se abrió de nuevo cuando los demandantes recurrieron el sobreseimiento y argumentaron que el supuesto delito no se cometió al pedir la ayuda a la UE, sino al certificar, en septiembre de 2001, el fin de unas obras que no se realizaron pero sí se cobraron. Su denuncia judicial se inscribía, de esta forma, dentro del plazo legal.

La Audiencia de Ourense ordenó en mayo de 2009, pese a las peticiones de sobreseimiento de la fiscalía y la defensa, la reapertura de las diligencias "necesarias para determinar quienes participaron en los actos falsarios" imputados, en especial los miembros de Ceivam, la mayoría con cargos en el grupo de gobierno de Arnoia presidido por Rogelio Martínez.

Según la documentación aportada por el BNG en su demanda, en 1999 la sociedad Actuar, SL, de la que Martínez era socio mayoritario, pidió una ayuda para construir una planta de biomasa. Dos meses después adquirió la cesión de uso de unos terrenos municipales por 1,2 millones de pesetas. En el documento firmado por el Ayuntamiento y los propietarios de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) O Carballo consta, como instalación existente en la finca, una edificación, la misma nave de biomasa para cuya construcción el superdelegado pidió después subvención a la UE .

El juzgado de Ribadavia ha citado a declarar hoy como imputados al secretario del Ayuntamiento de Arnoia, Pablo Fernández Loureiro, y al autor del proyecto de la planta de biomasa, Miguel Reza. Como testigos de la acusación acudirán dos representantes de la SAT O Carballo a quienes Martínez pagó supuestamente 1,2 millones de pesetas por realizar las obras para las que después pidió, y cobró, ayudas de la UE.