Feijóo apoyará a Hernández hasta el final porque "nunca ha metido la mano"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llevará hasta el final su respaldo al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que mañana tendrá que declarar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, imputado por certificar en falso una obra inacabada. El presidente está convencido de que su hombre de confianza "nunca metió la mano" y ha dado órdenes a su partido de cerrar filas y defender al conselleiro, una apuesta personal de Feijóo, que hace año y medio dejó en manos de Hernández tres de las carteras del bipartito: medio ambiente, infraestruturas y vivienda. Y eso que por aquel entonces, en vísperas de formar gobierno, ya se sabía del polémico tránsito del sector público al privado de Hernández, que saltó de la Xunta de Fraga a la constructora pontevedresa Sercoysa, a la que había adjudicado obras desde la Consellería de Política Territorial.

Los estatutos del partido prevén ceses cuando haya "indicios" de delito

Fue en su regreso a las instituciones, como responsable de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, cuando Hernández certificó el final de obra de una carretera -que debía construir precisamente Sercoysa- que apenas se había comenzado a construir. Esos hechos, denunciados por el BNG de Salvaterra y que los socialistas llevaron a los tribunales, son los que han propiciado la imputación de Hernández. Feijóo ya le mostro el apoyo hace un año, cuando, pese a admitir que "no fue el episodio más brillante de su vida", avaló su nombramiento. Tanto entonces como ahora el razonamiento del presidente es el mismo: "Puedo aceptar que alguien meta la pata, lo que no toleraré es que meta la mano y Hernández es una persona competente y honrada". Ese argumento lo repite en público y en privado. Todo el PP sabe que antes, ahora y después de que se pronuncie el tribunal, el conselleiro de Medio Ambiente cuenta con el favor del presidente.

De ahí que Feijóo haya decidido unir su destino al del hombre que dirige la cartera más inversora de la Xunta. Su discurso tiene poco que ver con el que esgrimía en la oposición. Bastó que el juez decano de Santiago imputase a cuatro altos cargos de la Consellería de Política Territorial del bipartito para que el líder del PP pidiera entonces la dimisión de la mujer que dirigía aquel departamento, la socialista María José Caride, a quien los populares llamaban entonces "becaria" de Emilio Pérez Touriño. Aquel mensaje que repitió en cada mitin durante la campaña de las generales de 2008, llevó a Feijóo a concluir que Caride no podía seguir al frente de una consellería "repleta de imputados".

Ahora el imputado es el propio conselleiro pero Feijóo ha dedidido dejar en el cajón el código ético del partido, incorporado a los estatutos y que obliga al PP a autoexigirse responsabilidades políticas "cuando de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". Los mismos que ha observado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el comportamiento de Hernández y que, según los estatutos del partido, obligarían a Feijóo a apartar temporalmente al conselleiro de sus actuales responsabilidades.

Ese códido ético es la mayoría de veces papel mojado: el PP gallego nunca se lo ha aplicado a la media docena de alcaldes y cargos públicos imputados o condenados en primera instancia, igual que la dirección nacional obvia cualquier medida contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por todos los delitos que el Codigo Penal atribuye a un funcionario.