La sentencia sobre el Estatuto

Es una cuestión de conceptos. Más allá del calado del recorte, el problema de fondo es que un Tribunal absolutamente desacreditado ha dictado -cuatro años después- una sentencia que rompe un pacto político refrendado por un pueblo. Es gravísimo. Han pasado por encima de dos Parlamentos democráticos y de lo votado por un pueblo. Tiene razón Montilla cuando califica al TC como el tribunal con menos visión de Estado de la historia porque la sentencia despertará a los radicales de una parte y de la otra.

Ahora necesitamos firmeza y unidad. El PP ha perdido la batalla, pero ha creado una situación de tensión que solo se entiende desde la irresponsabilidad de un partido que solo quiere ganar votos aunque sea a costa de la convivencia.- Miguel Comino. Sant Vicenç dels Horts, Barcelona.

La sentencia del TC deja claras dos cuestiones. La primera es que la utilización torticera del alto tribunal por parte de partidos políticos con el único objetivo de conseguir rédito electoral es una estrategia moralmente reprochable y de enorme riesgo político, ya que ahora el PP se encuentra solo frente al espejo público; la otra es que la clase política catalana debería asumir su responsabilidad al haber diseñado y presentado un Estatuto inconstitucional, y no debería escudarse detrás de un referéndum para secuestrar al pueblo catalán detrás de supuestas unanimidades ideológicas que solo esconden ideologías y ensoñaciones nacionalistas. La paradoja de todo este proceso es que el nuevo Estatuto, interpretado por el Tribunal, refleja, a mi parecer, mucho mejor la realidad social catalana, su pluralidad cultural, lingüística y política de lo que lo hacía el texto presentado a referéndum.- José Rosiñol Lorenzo. Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Por paradójico que pueda parecer, la sentencia del TC es inconstitucional. Un solo artículo del Estatuto rechazado equivale a afirmar que debe modificarse el artículo primero y el fundamento de la Carta Magna, que afirma sin dudas que España es una democracia, por lo que el poder emana del pueblo que lo ejerce directamente o a través de instituciones elegidas democráticamente.

Nunca la voluntad popular expresada por los Parlamentos catalán y español, y refrendada posteriormente, puede ser inconstitucional, si acaso lo será que un órgano como el TC no sea elegido democráticamente, y represente solo la distribución de poderes entre los partidos políticos. Y esto, ¿cómo se arregla? Pues cuando los partidos dejen de interferir en nuestro sentir y se limiten a poner en práctica la voluntad popular, si Cataluña quiere ser nación, que lo sea. Cataluña lleva cuatro años desarrollando esta ley y, que yo sepa, aquí no se ha roto nad. Raúl Saavedra. Boadilla del Monte