Calp permite la venta ambulante ilegal pese a la censura del Síndic de Greuges

Comerciantes, hosteleros y artesanos de Calp andan con los ánimos encrespados después de que el gobierno local integrado por BNV y PP se haya negado a atajar la venta ambulante ilegal en las principales zonas turísticas del municipio que, con el verano, se ha disparado de nuevo. La inmensa mayoría de los vendedores son de origen senegalés y su presencia ha desatado en el último año una inaudita controversia política en el seno del PP. Los campistas acusan al concejal de Comercio, el ripollista y diputado provincial Juan Roselló, de tolerar esta situación para afiliar al partido a decenas de vendedores senegaleses con el fin de que voten al actual presidente, Javier Morató, en la asamblea interna que debe enfrentarle a otros dos candidatos no ripollistas, el diputado autonómico César Sánchez y el concejal crítico Pedro Jaime. La dirección provincial popular sigue aplazando de forma sorprendente ese duelo por el poder.

La permisividad está atrayendo a vendedores de otras poblaciones

El ejecutivo local ni siquiera ha atendido las recientes advertencias del Síndic de Greuges y del Gobierno, a los que la Asociación de Artesanos de Calp pidió auxilio para evitar que este año se repitiera la venta ambulante ilegal. Ambas instituciones coincidieron en advertir al actual alcalde, el nacionalista Ximo Tur, de que la Policía Local debía poner coto a esta situación. Sin embargo, Tur, que se escuda en el argumento de que la problemática de la inmigración es competencia de la Guardia Civil, continúa sin intervenir en la controvertida gestión de Roselló, quien por su parte ha utilizado a la Policía Local para lo contrario: firmó un decreto en el que ordenaba a sus agentes que entregaran a los senegaleses todo el material que se hubiera incautado por la venta ambulante ilegal para que pudieran volver a venderlo.

El pasado 9 de junio el Síndic volvió a remitirle otra carta al alcalde en la que le daba 15 días para que aclarara esta situación y le advertía de que en caso contrario "daremos cuenta de su actitud en el informe anual que presentamos ante las Cortes Valencianas".

La postura del Ayuntamiento indigna a los restauradores "porque los vendedores constituyen una auténtica avalancha que invaden los dos paseos marítimos y molestan a los clientes", según declaró el propietario de uno de esos establecimientos. Y a los comerciantes, que consideran competencia desleal que los senegaleses puedan vender "material a todas luces falsificado y fraudulento". La venta ambulante ha aumentado al crearse un "efecto llamada", ya que los vendedores que no pueden practicar su actividad en otras poblaciones se trasladan a Calp.

Por su parte, el colectivo de artesanos critica al ejecutivo de Tur porque por segundo año consecutivo "ha adjudicado a dedo los puestos de la Feria de Artesanía" a vendedores que no pertenecen al colectivo y que ni siquiera comercian productos artesanales, pese a que el Síndic exhortaba a que esa adjudicación se realizara mediante "procedimiento público y con criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles". Han sido estos profesionales, ajenos a la asociación oficial y presuntamente vinculados a Roselló, los que dieron alas a los vendedores senegaleses al permitirles realizar su actividad en la Plaza del Mediterráneo, anexa a la Feria. El portavoz de los artesanos, Aníbal Martínez, cree que el Ayuntamiento les está castigando por sus denuncias contra la venta ambulante ilegal.