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Una juez imputa a dos coroneles por desviar fondos de una residencia

Mandos del centro de Defensa en Sevilla malversaron 100.846 euros solo en 2009

La juez togado militar Esperanza Baena ha imputado a dos coroneles, un comandante y un subteniente por supuesta malversación de fondos públicos en la residencia universitaria San Hermenegildo de Sevilla. El informe pericial provisional ordenado por la magistrada desvela un agujero económico de 100.846 euros solo durante 2009. Pero la instrucción investiga las cuentas desde 2005 hasta el pasado enero, por lo que el total podría superar los 400.000 euros. La magistrada acusa a los cuatro mandos de la residencia y dos proveedores por un presunto delito contra la hacienda en el ámbito militar. "Existen divergencias de productos recepcionados que no han sido facturados, reflejados bajo la rúbrica fuera de lote", destaca la juez en un auto del pasado 20 de junio.

La investigación acredita un supuesto desvío de fondos gracias a la connivencia de los proveedores de productos Femar, SL, Hermanos Ross y Acacio. "Asignaban créditos por DIAPER (Dirección de Asistencia al Personal del Ministerio) en albaranes que posteriormente se convertían en facturas que no coincidían con la entrada real de productos en cocina", subraya el auto. Defensa indagó en la gestión del coronel de iniciales F. M., director del centro hasta 2010, y suspendió al comandante A. P. y al subteniente F. C. B. por las irregularidades detectadas. Ahora la juez ha imputado además al coronel S. C. y a los tres empresarios.

La compleja investigación ha dado un salto fundamental esta semana. La magistrada se ha inhibido y ha enviado la causa al Juzgado Togado Militar Central en Madrid debido a la alta graduación militar de los acusados. Pero en otro próximo giro, este tribunal devolverá previsiblemente la causa a la jurisdicción civil en Sevilla al estar imputados los empresarios. En la instrucción han declarado como testigos diez trabajadores, ex empleados y estudiantes residentes.

"No era muy saludable"

Tras solicitar la juez el listado de menús servidos, número de residentes, cuentas bancarias y documentación de 2005 a 2009, desde el pasado mayo un perito contable analiza 13 cajas con las cuentas, recibos y facturas de esta residencia donde sus 180 estudiantes padecieron un servicio de alimentación de ínfima calidad. "Nos íbamos al Opencor, Telepizza o cualquier kebab. La comida tenía muchos fritos y no era muy saludable. Era como un gasto aparte porque cada uno tenía su pequeña alacena en el cuarto", describe un residente.

Las cuotas mensuales de 180 estudiantes que pagaban hasta 450 euros al mes no se correspondían con unos alimentos pésimos y un servicio de limpieza cada vez más esporádico. Los padres de los estudiantes alertaron a Defensa durante años, pero hasta hace seis meses no se abrió una investigación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de junio de 2010