Hurtos de cuello blanco

El poner la mano encima a los delincuentes de cuello blanco acaba de volverse más difícil para los fiscales estadounidenses. Ya es difícil abrirse paso por la complejidad de las empresas para acusar de delitos a un ejecutivo en particular. El Tribunal Supremo acaba de hacerlo más difícil al reducir el alcance de la ley que se usó para meter a Jeff Skilling, de Enron, y Conrad Black, de Hollinger, en la cárcel.

El más alto tribunal de Estados Unidos ha reducido el alcance de la ley que se suele usar para tratar con empleados que niegan de forma fraudulenta a sus empresas lo que se conoce como "servicios honestos". El tribunal ha concluido que la ley, como se interpretaba hasta el momento, era demasiado vaga y ha declarado que solo podrá aplicarse cuando implique compensaciones indebidas o sobornos.

Esto anula algunas de las condenas de Skilling y Black. No significa necesariamente que vayan a quedar en libertad. El Tribunal Supremo ha devuelto los casos a tribunales inferiores, y a ambos hombres se los envió a la cárcel por motivos distintos de los relacionados con los servicios honestos. Pero sí hace más difícil subir la cuesta que tienen que subir los fiscales financieros.

Por supuesto, debería haber controles y equilibrios en el sistema. Los fiscales pueden extralimitarse, y cuando los jueces de inferior rango no los frenan, le corresponde hacerlo al Tribunal Supremo. Al igual que con una situación diferente ocurrida esta semana -el bloqueo de un juez federal a la moratoria del Gobierno a las prospecciones en alta mar-, el ocasional mensaje que recuerda a las autoridades que tienen que ser cuidadosas no cae en saco roto. Y cuando se condena a inocentes, es una cuestión de justicia básica.

Sin embargo, los delitos de cuello blanco ya son difíciles de probar. Las empresas, sus cuentas y sus políticas pueden ser complicadas. Y el optimismo por parte de los ejecutivos, incluso si es temerario, no es un crimen. Entre los primeros objetivos posteriores a la crisis, el año pasado se absolvió a dos gestores de fondos de cobertura tóxicos de Bear Stearns. Y al igual que los perseguidores de Al Capone acabaron atrapándolo por evasión de impuestos, algunos de los infrecuentes éxitos fiscales se basan más en probar la ocultación de un delito que en el propio delito subyacente.

No resulta de ayuda que los ejecutivos superan al Departamento de Justicia en cuanto a los recursos financieros que pueden pagar a sus abogados. El alcance del fallo del Tribunal Supremo respecto a Skilling y Black aún no está claro. Pero deja incluso a los fiscales mejor intencionados con menos margen de maniobra.