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Un Ejecutivo en apuros

El bienio negro de un Gobierno bajo sospecha

Los escándalos de corrupción en el 'caso Gürtel' y del espionaje político en el PP marcan los dos últimos años del Ejecutivo de Esperanza Aguirre

El Gobierno de Esperanza Aguirre anda malherido por las andanzas de espías y corruptos que deambularon a sus anchas hasta hace dos años por la Comunidad de Madrid. La gestión de Aguirre y sus consejeros está bajo sospecha (1). Los tribunales de justicia investigan delitos relacionados con la prevaricación, el tráfico de influencias, la información privilegiada o la malversación de fondos públicos en la Comunidad de Madrid.

Pese a estos antecedentes, las expectativas electorales de Aguirre y los suyos no pueden ser más altas (2). Nadie hace sombra a la presidenta. Con un PSOE desdibujado y envuelto en terribles dudas, y una IU en estado de letargo, el PP se las promete muy felices en mayo de 2011, fecha de las próximas elecciones autonómicas, pese a que caen chuzos de punta sobre su honorabilidad.

Rajoy investigó el espionaje y Aguirre aireó juego sucio del tesorero nacional

Cuatro alcaldes del PP enriquecieron a la red corrupta de Francisco Correa

Algún miembro del Ejecutivo cuenta la misma versión que la ex mujer de Gamón

La investigación no ha averiguado aún quién del Gobierno ordenó espiar

Aguirre gobierna con su mayoría absoluta en Madrid sin admitir apenas el control de la oposición (3) y con un absoluto control sobre la televisión autonómica.

En su segundo mandato (2007-2011), con una mayoría absoluta muy holgada, con más poder que nunca y con la oposición casi de retirada buscando nuevos líderes, Aguirre va cuesta abajo y se mueve de escándalo en escándalo. En los últimos dos años, la presidenta se ha asomado al precipicio del descrédito social por las acciones de su Gobierno.

Tras arrasar en las elecciones autonómicas de 2007 y coquetear con la idea de liderar el PP tras la segunda derrota electoral de Rajoy en marzo de 2008, Aguirre asiste ahora al desmoronamiento de su Ejecutivo a base de mediocres conspiraciones -unos consejeros descalifican a otros por ambiciosos o corruptos e intentan ganar puntos para escalar posiciones en el Gobierno-, de espionajes infames para arruinar la vida de los adversarios de Aguirre -a Cobo y a Prada les siguieron agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid en las semanas previas al congreso del PP que ganó Rajoy- y corruptelas relacionadas con el amaño en la adjudicación de contratos a la trama empresarial que dirigía Francisco Correa.

Los males que sufre el Ejecutivo de Aguirre no son exclusivos del PP en la Administración autónoma, sino que afectan a municipios importantes de la Comunidad de Madrid donde gobernaban alcaldes aguirristas (4) también salpicados por la corrupción. Esos regidores facilitaron negocios de decenas de millones de euros en contratos adjudicados a la red de Francisco Correa y a sus empresas afines a cambio de comisiones ilegales, televisores de plasma, coches de lujo y viajes exóticos, según la investigación judicial. Desde adjudicaciones del servicio de recogida de basura hasta ventas de suelo público, los Ayuntamientos regidos por el PP llevaban años enriqueciendo a Correa y los suyos.

En algún caso, como ocurrió con el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, uno de los principales imputados en el caso Gürtel, Aguirre le quitó la alcaldía porque sospechaba de su conducta, pero le dio un puesto mejor remunerado en una de las numerosas empresas públicas de la Comunidad de Madrid.

Acorralado por los escándalos, el Gobierno de Esperanza Aguirre siempre buscó vías de escape sin importarle el precio. La presidenta despidió a los imputados del caso Gürtel antes que nadie, pero no hizo lo mismo con los del caso espías. Hay cinco imputados y, hasta el pasado miércoles, todos seguían trabajando a sueldo de la Comunidad de Madrid. Hoy, cuatro de ellos siguen en nómina.

Cuando EL PAÍS destapó el escándalo del espionaje a los adversarios de la presidenta dentro del partido, el Ejecutivo autónomo salió en tromba para desacreditar la información con insultos al periódico y mentiras que la investigación judicial puso al descubierto (5).

Cuando el que fue tesorero nacional del PP, Álvaro Lapuerta, denunció que a él también le espiaban desde la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional de Aguirre respondió con fiereza. A los pocos días, el Ejecutivo madrileño aireó supuestas presiones que había recibido de Lapuerta para adjudicar contratos públicos a empresarios afines al PP. Ignacio González, vicepresidente autonómico y mano derecha de Aguirre, diseñó la estrategia y facilitó la información, según cuentan sus compañeros.

Cuando el PP abrió una investigación sobre el espionaje a Cobo y a Prada, el equipo de Aguirre amenazó más con tirar de la manta y denunciar más maniobras de Lapuerta para beneficiar a determinados empresarios con contratos de la Comunidad de Madrid. El efecto fue inmediato. Rajoy renunció al pulso y acabó cerrando su investigación sin tomar ninguna medida.

Para desacreditar a Prada, al que Aguirre echó de su Gobierno, la Consejería de Interior llegó a facilitar facturas de gastos de comida del chófer del ex vicepresidente autonómico en un hotel de León. La Consejería de Interior entregó esa documentación a medios que intentaban tapar el escándalo demostrando que los partes del espionaje eran falsos. Pero la policía encargada de la investigación demostró la autenticidad de los partes y afirmó que los ex guardias civiles eran autores de los seguimientos al ex vicepresidente (6).

A Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, el descubrimiento de los teléfonos de los ex guardias civiles en los lugares del espionaje a Prada y Cobo le incomodó especialmente, pues le apuntaba directamente como jefe de los espías, al ser la persona que había contratado a esos agentes como asesores.

El día que se conoció el primer informe sobre los posicionamientos telefónicos de los agentes, Granados contestó a la llamada de EL PAÍS y aseguró que, además de los ex guardias civiles que él fichó, también había ex policías nacionales en el equipo que seguía los pasos a Prada y que le extrañaba que no aparecieran en el informe. Granados desviaba así la responsabilidad de los seguimientos hacia quien había contratado a esos ex policías, que no era otro que Sergio Gamón, ex director general de Seguridad fichado expresamente por Esperanza Aguirre.

Como sostenía Granados, el informe tenía un olvido: además de los tres ex guardias civiles había un ex policía que siguió a Prada y que había sido fichado por Gamón. Ese agente aún no ha sido imputado por la juez.

¿Quién dio la orden de espiar a Cobo y a Prada? El consejero de Interior, responsable de los agentes que espiaron, es Francisco Granados. La persona que contrató al jefe de los espías es Esperanza Aguirre. A estos dos sospechosos se suma un tercero. Una testigo de excepción, Yolanda Laviana, casada con Gamón hasta 2008, escuchó las conversaciones de su ex marido con Ignacio González, vicepresidente autonómico, para darle cuenta de sus avances en distintas investigaciones, algunas relacionadas con el espionaje a Prada. Así lo ha declarado a EL PAÍS y está dispuesta a hacerlo a la juez. Laviana mantiene un litigio judicial con su ex marido a cuenta del divorcio. El Gobierno regional, pese a que alguno de sus miembros sostiene en privado la misma versión que Yolanda Laviana respecto a González, mantiene ahora que las declaraciones de la ex mujer de Gamón son falsas, pues solo intentan hacer daño a su ex marido en la disputa judicial que ambos mantienen. Por eso, Aguirre ha despedido a Laviana, a la que protegía cuando declaraba a favor del presidente de Telemadrid, acusado por su secretaria de acoso sexual. A la vez que despedía a Laviana, la presidenta aceptó o propició la dimisión de Gamón, al que pagaba desde hace meses por un cargo en el que no tenía función asignada a razón de 90.000 euros al año.

Entre varios espías y algún corrupto, el Gobierno de Aguirre, enfrentado durante un tiempo a la dirección nacional, enfrentado desde siempre al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y a su equipo, se deshilacha a la espera de que las elecciones le garanticen cuatro años más de poder absoluto.

LAS PRUEBAS Y LOS DATOS

- 1. Contratación irregular. El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga al Gobierno regional por la adjudicación de cientos de contratos sin concurso a la trama empresarial corrupta que dirigía Francisco Correa. La contratación afecta a todas las Consejerías del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Los peritos de la Intervención General del Estado sostienen (sumario 9/09) que se vulneraron las normas de contratación en la inmensa mayoría de las adjudicaciones a empresas de Correa y otras. La juez Carmen Valcarce, de plaza de Castilla, investiga el espionaje político pagado con fondos públicos a dos dirigentes del PP, Alfredo Prada y Manuel Cobo, por parte de ex policías y ex guardias civiles nombrados como asesores de la Consejería de Interior por hombres de la máxima confianza de Aguirre.

- 2. El PP gana. Todas las encuestas publicadas hasta el momento conceden al PP la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. En los peores sondeos para los intereses del PP, la lista que supuestamente encabezaría Esperanza Aguirre se queda dos escaños por encima de esa mayoría absoluta para seguir gobernando en solitario otros cuatro años. El PP es el partido más votado en la Comunidad de Madrid desde 1991 y gobierna con mayoría absoluta desde 1995.

- 3. Bloqueo parlamentario. La mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid permitió al PP negar documentación fundamental para investigar la trama de espionaje; imponer la comparecencia de cargos municipales que no tenían nada que ver con los seguimientos a Cobo y Prada; negar la comparecencia de las víctimas del espionaje y, de manera reiterada, rechazar que el consejero de Interior, Francisco Granados, ofrezca las explicaciones debidas sobre el espionaje. El primer presidente que tuvo la comisión de investigación, Benjamín Martín Vasco, está imputado por corrupción en el caso Gürtel y ha sido expulsado del grupo parlamentario aunque mantiene su escaño. La mayoría absoluta del PP impide el control del Ejecutivo por parte de la oposición que demanda documentación que tarda años en lograr o pide comparecencias que los populares vetan. El Gobierno de Aguirre adjudicó el concurso de concesiones de la Televisión Digital Terrestre imponiendo unos criterios subjetivos (dio la máxima nota en pluralidad informativa a canales que solo emiten música) para favorecer a medios afines. Los tribunales llegaron a tumbar las adjudicaciones, pero el Gobierno de Aguirre volvió a aprobarlas con idénticos beneficiarios.

- 4. Corrupción municipal. Ex alcaldes de Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, y Boadilla del Monte están imputados en el procedimiento penal 9/09 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el peor delito que puede atribuirse a un político: el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos a una trama corrupta. El mismo sumario investiga cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Madrid por parte de quien era concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, y luego a pasó a ser el hombre de confianza de Aguirre, que lo llevó a su Gobierno para que le organizara todos los actos institucionales en que participaba.

- 5. Mentiras. El consejero de Interior, Francisco Granados, aseguró en la Asamblea de Madrid, y así figura en el diario de sesiones, que los agentes no habían seguido al ex vicepresidente Alfredo Prada. También lo dijo el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón. Eso mismo habían declarado ante la policía los ex guardias civiles a los que se ordenó el espionaje. Pero todas esas mentiras quedaron al descubierto tras conocerse el informe sobre los posicionamientos de los teléfonos de los espías (procedimiento 1891/2009 sobre malversación de fondos públicos). Entonces, el Gobierno de Aguirre se inventó una nueva falsedad: los agentes habían contravigilado a Prada, aunque no tenían competencias para ello ni nadie les había dado esa orden, según declaró Sergio Gamón a la juez. El que fue portavoz del PP y consejero de Sanidad, Juan José Güemes, hoy directivo de una empresa privada, acusó a EL PAÍS de "fabricar" los partes de espionaje en la redacción. Pero el informe caligráfico oficial que encargó la juez acredita que la letra manuscrita que aparece en los partes de espionaje es de un agente a sueldo de la Consejería de Interior. El portavoz parlamentario del PP, David Pérez, y el parlamentario Juan Soler, insultaron a EL PAÍS en la sede parlamentaria y acusaron a este medio de comunicación de mentir con la única intención de vender más periódicos. Ninguno ha rectificado aún sus acusaciones.

- 6. Espionaje. Los informes policiales del sumario 1891/2009 que instruye la juez Carmen Valcarce apuntan a la existencia de espionaje político pagado con fondos públicos. El primero de los informes, fechado en julio de 2009, señala: "[Los tres ex guardias civiles fichados como asesores por el consejero de Interior Francisco Granados] han sido los autores de los partes de seguimiento analizados y, por tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos partes hacen referencia". Además, el informe recuerda que los tres ex guardias civiles mintieron ante la policía: "Todos negaron su participación en los hechos, negaron que se hubiera realizado algún tipo de seguimiento o vigilancia, por parte de algún funcionario de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra persona". En el informe policial de 22 de marzo de 2010, la policía sostiene que "tres teléfonos [utilizados por los ex guardias civiles fichados por Granados] coinciden en los lugares donde se hallaban los señores Prada y Cobo según los partes"

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de junio de 2010

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