Energía eólica, sí pero no así

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia declarando ilegales los seis parques eólicos que conforman la zona 6 del Plan Eólico Valenciano ha podido provocar alegría, desconcierto o malestar en los ambientes conocedores del plan y en el universo ecologista y progresista valenciano. Sin duda se trata de una decisión judicial pionera en España; no es frecuente que un tribunal actúe con tanta contundencia contra una instalación eólica de esa envergadura (seis parques, 142 aerogeneradores, 200 MW, una inversión que puede rondar los 350 millones de euros). También lo es por los motivos esgrimidos para justificar la decisión: nunca un tribunal había expuesto con tanta claridad que la división de grandes instalaciones eólicas en una suma de pequeños parques (nosotros añadimos: con la finalidad de cobrar las primas de las que se benefician este tipo de instalaciones de tamaño reducido) es ilegal; por tanto, la competencia para la autorización de tales macro-parques corresponde al Estado y no a las comunidades autónomas.

Se ha pasado por encima del respeto a las leyes, se han utilizado procedimientos opacos

La trascendencia de este pronunciamiento judicial no se puede pasar por alto ya que todo el Plan Eólico Valenciano está diseñado sobre el hecho de la fragmentación; es más, es una práctica habitual en el resto de las instalaciones eólicas del Estado. Conclusión: el futuro del Plan Eólico Valenciano está, qué paradoja, en el aire.

¿Qué ganamos con ello los grupos ecologistas que hemos promovido las acciones judiciales determinantes de esta situación? Conocemos a fondo la ejecución del Plan Eólico Valenciano y las irregularidades cometidas, de imposible síntesis en este artículo, que nos han llevado a interponer seis recursos contenciosos y otras tantas denuncias penales, y creemos estar ante un caso de presunta connivencia entre intereses políticos y empresariales. Un presunto pacto que, utilizando la cobertura del discurso ecologista, tiene como principal objetivo el negocio de las primas, donde lo de menos es la reducción del efecto invernadero (¿qué medidas efectivas se están adoptando para fomentar el ahorro energético?), el desarrollo sostenible de los territorios rurales, el respeto y protección del medio ambiente (los territorios protegidos de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, a la que también pertenecemos a efectos medioambientales. También nos referimos a los montes de utilidad pública, a los parques naturales, a los espacios protegidos por su valor paisajístico, a la protección de la vida animal y vegetal, a la protección del patrimonio arqueológico), cuyas agresiones podemos enumerar una a una.

En cuanto al desarrollo rural, el monopolio ejercido gracias al Plan Eólico Valenciano por las empresas adjudicatarias impide a los pequeños municipios participar en la gestión de los parques ubicados en su territorio. Todo es controlado desde la Agencia Valenciana de la Energía y las empresas apenas ceden una cantidad insignificante en concepto de canon sobre potencia instalada, a cambio de ingresos millonarios.

Para satisfacer tales intereses político-empresariales se ha pasado por encima del respeto a las leyes, se han utilizado procedimientos opacos, no se ha promovido la participación pública como el tema merece, se han forzado y vulnerado normas y procedimientos administrativos, se ha consentido la instalación de los parques sin autorización, se han desdeñado informes de los técnicos de la propia Generalitat contrarios a la intervención en terrenos forestales; en suma, se han puesto patas arriba las reglas del juego democrático y el Estado de derecho. Las organizaciones ecologistas están formadas por personas que también somos ciudadanas y ciudadanos, que también defendemos el imperio de la ley, la transparencia y la participación y vemos estos casos de confusión interesada entre intereses públicos y privados, (que recuerdan el estilo de acontecimientos muy de actualidad) como una grave amenaza. Ayer fue el urbanismo depredador, hoy la energía eólica, ¿mañana...?.

Desde una defensa sin concesiones de las energías renovables, afirmamos que aquí y ahora, en el País Valenciano es perfectamente viable la energía eólica, a una escala adaptada al recurso eólico disponible, y es compatible con el Estado de derecho, la defensa del interés general por parte de la Administración, el desarrollo sostenible del mundo rural y la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Anna Climent es presidenta de la Coordinadora d'Estudis Eólics del Comtat. También firman este artículo Víctor Olmos, presidente de la Asociación para un Desarrollo Eólico Sostenible, y Enric Amer, presidente de Acció Ecologista-Agró.