Prohibir el tabaco no afectará al negocio hostelero, según un informe
La Asociación de Economía de la Salud sostiene que irá más gente a los bares
El escenario apocalíptico que dibujan las asociaciones de hosteleros con el advenimiento de la reforma de la ley antitabaco que supondrá la prohibición total de fumar en espacios públicos "no tiene base empírica". Así lo indica un estudio presentado ayer en Valencia por la Asociación de Economía de la Salud en el congreso que celebra en Valencia. El informe no solo apunta que esta modificación normativa "no causará un descenso de frecuentación en bares y restaurantes". Va más lejos al apuntar que puede tener el efecto contrario al que vaticinan los propietarios de restaurantes y bares: "No parece descartable que la frecuentación aumente" y se traduzca en "un incremento de los resultados globales del sector".
Este análisis, elaborado a partir de varios estudios económicos, estadísticos y sociológicos, recuerda que en el caso de los establecimientos de comida rápida, donde el 80% prohíbe fumar, se ha mantenido un crecimiento medio en la facturación del 3% anual a pesar de la ley antitabaco de 2005. Además, el estudio de 16 trabajos en experiencias similares en Noruega, Italia, Inglaterra, Escocia y Gales "no aporta evidencia robusta a favor de un potencial efecto negativo para el sector hostelero".
La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia anunció recientemente que la nueva norma provocará el cierre de 400 negocios, la pérdida de 2.000 puestos de trabajo y una caída de ventas de 350 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Esta misma entidad ya anunció graves perjuicios económicos para el sector con la entrada en vigor en 2006 de la ley que estableció la prohibición parcial de fumar. Sin embargo, no ha habido "ningún cambio sobre las tendencias pasadas del sector hostelero", de acuerdo con el informe de la AES. Es más, los especialistas de economía de la salud apuntan que "en el subsector de establecimientos de comidas y bebidas, el empleo y la facturación han crecido en cerca de 47.000 empleos y más de 2.200 millones de euros en 2006 respecto a 2005".
Antes de que la AES se pronunciara, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ya había advertido de que la prohibición total de fumar supondrá "un claro beneficio" para la hostelería, dado que "el 32% de los españoles dice que iría más a bares y restaurantes frente al 16% que dice que iría menos", según una encuesta elaborada en centros de salud por la Semfyc.
Por otra parte, la Asociación de Economía de la Salud presentó ayer otro estudio en el que muestra que los inmigrantes utilizan los recursos sanitarios un 40% menos que los españoles.
Sin información del modelo Alzira
Once años después de que el hospital de Alzira echara a andar, el modelo de gestión privada se ha extendido rápidamente en el territorio valenciano de forma que la salud de un millón de personas ya depende de una empresa privada. Y, sin embargo, no existe un solo análisis independiente que haya podido evaluar la eficiencia de esta fórmula. El presidente del comité científico de las XXX jornadas de la Asociación de Economía de la Salud, Vicente Ortún, destacó ayer esta circunstancia en la inauguración del encuentro, así como la imposibilidad de acceder a esta información, que permitiría estudiar el modelo a fondo y conocer los defectos y las virtudes de las concesiones administrativas aplicadas a la sanidad.
"Hay poca transparencia en los datos que se facilitan", indicó el también director del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra. "En general, se ofrece la información que interesa, como la satisfacción de la población".
Ortún lamentó el hecho de que sea más fácil "tener datos de una empresa mercantil que de un hospital público". Y añadió que esta falta de transparencia es un problema generalizado no solo de la sanidad, sino, en general, de toda la gestión pública en España. "Todo aquello financiado con fondos públicos debería estar disponible al público", reclamó el responsable del comité científico del encuentro.
"Falta una cultura de evaluación", indicó Ortún. Este profesor de economía apenas salvó las parcelas relacionadas con la evaluación del impacto en el género o los impactos ambientales. Al margen de estas cuestiones, "ni siquiera se evalúa si sale a cuenta hacer una línea de alta velocidad".
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