Álava atribuye al PP el desvío económico de la Eibar-Vitoria

La Diputación Foral de Álava exigirá responsabilidades políticas al PP si el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Vitoria falla a favor de la UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Yarritu y Dragados, y estima la reclamación de 31 millones de euros adicionales a lo ya liquidado por la institución foral, "por alteración en las condiciones del contrato de adjudicación". Esta reclamación fue adelantada por EL PAÍS el pasado domingo.

El tramo entre Luko y Arlabán, de 8,3 kilómetros fue ejecutado por la UTE y liquidado en 68,8 millones, 3,6 más de lo presupuestado. Ese tramo junto al que va entre Echavarri Viña y Luko, formaban el tramo alavés de la Eibar-Vitoria, la mayor obra de infraestructura de Álava. Comenzó durante la segunda legislatura del PP en la Diputación y fue inaugurada tras diversos retrasos en la parte guipuzcoana, el pasado mayo. La obra fue inicialmente presupuestada por la diputación que gobernaba el PP alavés en 122 millones. Una cantidad que poco después ya subió a los 133,3 millones y que tras la comisión de investigación que impulsó la oposición, se estimó que podía ascender a 150 millones.

La demanda está en el juzgado 2 de Vitoria. El sobrecoste pasa de 100 millones

La llegada del PNV a la Diputación supuso otro cambio en el coste real, y sus dirigentes advirtieron de que la "mala gestión del PP" había elevado el coste de la obra hasta los 184,15 millones. Sin embargo, incluso esa cifra se quedará corta si finalmente el juzgado vitoriano falla a favor de las constructoras. "Estaríamos hablando de un sobreprecio de 100 millones en un presupuesto inicial de 122", criticaron ayer fuentes oficiales de la institución alavesa. A los 31 que reclaman FCC, Dragados y Yarritu hay que sumar otros ocho millones que reclama ante el comité de arbitraje de la Cámara de Comercio de Álava la UTE formada por Ferrovial, Lanbide y Copalsa .

"Exigiremos responsabilidad de momento políticas al PP y ya veremos lo que dice la sentencia, porque igual hay que hablar de otra cosa", aseguraron ayer estas fuentes. No obstante, la diputación todavía no ha recibido la comunicación oficial del juzgado que tramita la demanda. "Estamos preocupados por las consecuencias que puede tener esa demanda" declaró ayer el diputado de Obras Públicas de Álava, Luis Alberto Zarrabeitia. El diputado reconoció que las arcas forales no están preparadas para ese gasto, que supone más del 60% de todo su departamento para 2010. "Tendríamos que recurrir a la deuda", reconoció.