Los socialistas piden una comisión sobre los contratos con Laterne
Consistorio y entes locales pagaron 1,2 millones con el grupo de Sáez Tormo
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia pide al gobierno local de Rita Barberá que cree una comisión para investigar las contrataciones del Ayuntamiento o entidades satélites con las empresas del quebrado grupo Laterne. Según las operaciones rastreadas por la oposición, el conglomerado Laterne, capitaneado por Vicente Sáez Tormo, ha facturado al menos 1,2 millones de euros, el grueso entre los años 2006 y 2008. Este grupo fue el que en 2007 subcontrató a Orange Market, empresa de la trama de Gürtel, para un acto electoral con la alcaldesa y candidata Rita Barberá.
"Queremos conocer si hay una posible relación entre la financiación que el Ayuntamiento de Valencia está aportando a las fundaciones y entidades municipales y los gastos electorales que se producen en esas fechas", manifestó la concejal socialista Ana Botella. La edil lleva dos años intentado que el gobierno local aclare estas contrataciones y su relación con Laterne.
El gobierno local, por boca de su teniente de alcalde, Alfonso Grau, ha negado que haya relación directa con el Consistorio -a pesar de que existe una factura de 6.203 euros a Laterne- e insiste en que las contrataciones de fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro no son de su competencia porque son autónomas. Entre las fundaciones y entidades municipales que contrataron a Laterne están Valencia Turismo Convention Bureau -716.000 euros-, Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) -401.846 euros- y la Fundación Innovación y Economía del Conocimiento (Fivec) -130.713 euros-.
"Han obstaculizado el acceso a los expedientes, incluso tuvimos que llevarnos una fotocopiadora encima para poder conseguir copia de la documentación a la que nos han permitido acceder", describió Botella, para quien el paso siguiente, si no prospera la comisión, es acudir a los tribunales.
Botella presentó a Laterne como un grupo de empresas que dejó en la calle a 16 personas en 2008 y dejó en la estacada al Valencia CF, con el fallido patrocinio de Valencia Experience. En la lista de trabajadores de Laterne, según Botella, se encuentran un primo hermano del ex concejal de Valencia Eduardo Santón y una asesora de la alcaldesa y miembro del PP local.
Que cada palo aguante su vela
En esta guerra que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha declarado al Gobierno central por la prestación de servicios que no le son propios, terció ayer la oposición socialista. El edil Juan Ferrer pedirá el viernes en el pleno la creación de una comisión, compuesta por los dos grupos políticos municipales, que delimite qué servicios impropios presta el consistorio de Valencia y a cuál de las otras tres administraciones -Gobierno central, Generalitat o Diputación- le correspondería sufragarlo.
Que cada palo aguante su vela, vino a decir el concejal socialista, quien reclamó a Barberá que exija a su compañero de partido y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con la misma contundencia con que lo hace al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el dinero que le debe.
El edil reconoció que diversos estudios apuntan a que los gastos que soportan los Ayuntamientos por prestar servicios que no les corresponden suponen del 35% al 40% de sus gastos corrientes. Del total, dos tercios de las competencias impropias le corresponden a la Generalitat y un tercio a la Administración central.
Ferrer enumeró los ingresos que el Consistorio de Barberá no ha reclamado a la Generalitat en todo este tiempo. Entre ellos está el Impuesto de Construcciones (ICIO) de la Ciutat de les Arts o los 3.000 millones de euros con los que el Consell debería haber dotado el Fondo de Cooperación Municipal. Esta cantidad resulta de sumar la deuda histórica de la Generalitat a los municipios valencianos y de una estimación del coste de los servicios impropios que prestan los Consistorios.
Según los socialistas, la Generalitat debería a la ciudad de Valencia un total de 1.000 millones de euros.
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