El fin de la suspensión cautelar de la Lei de Caixas obstaculiza la fusión

Nacida para forzar la fusión de las dos entidades financieras gallegas, la Lei de Caixas se ha convertido en una amenaza a la integración. La voz de alarma la dio ayer el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, que recordó que en julio se cumplen cinco meses desde la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional (TC) del recurso presentado por el Gobierno de Zapatero. Cumplido ese plazo, el TC deberá decidir si mantiene o levanta la suspensión cautelar de los 11 preceptos recurridos. Si opta por lo segundo, la ley alumbrada las pasadas navidades por el Parlamento de Galicia en un tiempo récord, la que debía impulsar la caja única, se convertirá en un obstáculo para que se consume la fusión.

La Xunta confía en que el protocolo pare la renovación de órganos directivos

La paradoja se puede producir debido al cambio de rumbo que tomaron las negociaciones para la fusión después de la ley, pensada para vencer la resistencia de Caixanova a unirse con Caixa Galicia. Preceptos como la obligación de renovar los órganos de gobierno en dos meses desde la entrada en vigor de la ley entorpecerían y pondrían en peligro el proceso emprendido por las dos cajas gallegas. El levantamiento de la suspensión también activaría el artículo que obliga a los consejeros a cesar a los 70 años, lo que afectaría al presidente de Caixanova y primer copresidente rotatorio de la caja fusionada, Julio Fernández Gayoso. Además tendrían que abandonar los órganos de gobierno los consejeros que ocupen cargos políticos, como los socialistas Salvador Fernández Moreda o Mar Barcón.

Pachi Vázquez instó ayer a Feijóo a adelantarse al Tribunal Constitucional y tramitar "medidas legislativas" que den "fortaleza, potencia y seguridad" al acuerdo de las cajas y al protocolo de fusión que ambas negocian. El líder socialista abogó por un acuerdo que dé "garantías" a la integración de las dos cajas gallegas, de forma que "no quede ninguna duda" sobre el "final feliz" decidido por ambas. "En una época de mucha dificultad, nos comprometemos a apoyar completamente todas las resoluciones que den como resultado esa nueva caja de todos los gallegos", garantizó Vázquez.

En la Consellería de Facenda se "estudiaba" ayer la posibilidad adelantada por el PSdeG. En el entorno del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se señala en cambio que la preocupación es "nula". Principalmente, porque se confía en que el Tribunal Constitucional mantendrá la suspensión cautelar. O lo que es lo mismo: el Gobierno gallego espera que la ley que defendió como fundamental para el entramado financiero gallego no entre en vigor en su totalidad.

Pero si no fuera así, y la suspensión se levantara, se considera que la aprobación del protocolo de fusión, previsto para octubre, paralizaría de inmediato el proceso de renovación previsto en nueva la Lei de Caixas. Si tampoco esto ocurriera, "no habría inconveniente" en introducir medidas legislativas como las que solicita el PSdeG, confirmaron fuentes del Partido Popular. De momento, no se hará. Entre otras cosas, porque la eventual renovación de los órganos de gobierno actúa de acicate para que los consejeros de Caixanova aceleren la fusión.

Pachi Vázquez no desaprovechó la ocasión para denunciar las contradicciones de la Xunta. "La ley aprobada es incompatible en muchos puntos con el acuerdo alcanzado por las cajas", lamentó.