La refundación de las cajas
La nueva ley puede hacer que las entidades se integren en la patronal bancaria
Encauzado ya el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, que ha llevado a acuerdos para la integración del 80% de las entidades del sector, toca ahora cambiar la ley que las regula (LORCA). Entre rumores de crisis de Gobierno -que algunos vaticinan para el próximo mes-; reformas estructurales de calado, sobre todo en el ámbito laboral, y pruebas de stress-test a las entidades financieras que tanto preocupan al mundo entero, la tarea alcanza incluso mayor estatura porque es un paso de suma importancia en el sistema financiero español. La modificación la debe aprobar el Parlamento a propuesta del Ministerio de Economía y previo paso imprescindible por el Banco de España (BE) y la consulta pertinente a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). No corre mucho peligro de fracasar porque el PP está de acuerdo, pero, a la larga, llevará a una especie de refundación del sector.
El gobernador del BE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha insistido en la necesidad de transformar esa ley por dos razones básicas. Primera, para que las cajas pudieran tener mayor capacidad de obtener recursos propios, es decir, de capitalizarse, y, segunda, para reducir el poder político de las comunidades autónomas en los órganos de gobierno de dichas entidades. El BE y la CECA han decidido que es mejor no insistir en este segundo asunto y poner el énfasis en el primero. La razón que se esgrime es que esa cuestión política "introduce matices de discusión" que pueden frenar el otro proceso, que se considera fundamental para modernizar las cajas.
No se quiere correr el riesgo de que las Administraciones autonómicas se levanten contra la reforma por temor a perder poder. Lo mejor es esperar a que las cajas hayan dado el primer paso, consistente en que puedan dotarse de recursos propios de primera categoría con derecho de voto mediante las cuotas participativas u otros instrumentos. Esta posibilidad deja abierta la puerta al modelo bancario -es decir, la sociedad anónima o la fundación como poseedora de las acciones-. No hay más que ver el acuerdo del viernes del renovado consejo de la CECA, en el que se hacía hincapié en cuatro objetivos: permanencia de la obra social, denominación de cajas de ahorros, compromiso plural de los órganos de gobierno y la existencia del Fondo de Garantía de Depósitos. Luego, por el principio de los vasos comunicantes, están seguros de que podrán recortar ese poder que para el BE y Economía es tan perverso para el sistema. Simplemente se trata de que a medida de que el capital privado aumenta, la presencia política va reduciéndose en igual proporción.
El cambio lo explicó el viernes el subgobernador del BE, Javier Aríztegui, en la clausura del curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. El objetivo primero era, dijo, reducir el número de entidades y, a partir de ahí, tener una capacidad racionalizadora del sistema y la consecución de un balance saneado, con mejor capital y menos pérdidas futuras. A Aríztegui le precedieron en el acto Rodrigo Rato y José Luis Olivas, presidentes de Caja Madrid y Bancaja -o mejor dicho, presidente y vicepresidente del SIP que ha pasado a ser el primero de la clasificación por activos y del que forman parte otras cinco cajas pequeñas-, que, en lo que fue su primera intervención conjunta, dejaron meridiano que todo el sector comulga con el cambio.
Al final, con la nueva ley y las integraciones anunciadas y que vendrán, se van a producir dos hechos destacados e inimaginables en el mundo de las cajas. Por un lado, la fórmula escogida en gran parte de las integraciones dando lugar a unos SIP (sistemas integrales de protección) que funcionan como un banco o tienen un banco de cabecera, permitirá a las entidades resultantes pedir su ingreso en la Asociación Española de Banca (AEB). Sería llamativo contemplar un consejo de la AEB con representantes de las cajas, los virulentos competidores de los bancos durante años. Pero, tomando las palabras de un banquero, más pelea que entre Santander y BBVA no es muy posible que se produzca. Por otro lado, y casi como consecuencia de lo anterior, es muy posible que la CECA tenga que revisar sus funciones específicas porque su tarea puede quedar limitada a lo que es Funcas y poco más. -
Tres ex ministros con visión crítica y constructiva
Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes, los tres ministros de Economía y Hacienda que tuvo Felipe González en sus Gobiernos, se juntaron el lunes en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander para hablar de los últimos años de economía española, analizar la crisis y las medidas de ajuste del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Fue una visión crítica, pero constructiva. Sus recetas son siempre dignas de escuchar. Los ex ministros, que tuvieron que soportar cada uno crisis económicas en sus mandatos, coincidieron en la necesidad de adoptar reformas estructurales en España, entre ellas la laboral, y aplicar duras medidas de ajuste para que el déficit se reduzca a la mitad en los próximos dos años. -
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