Libertad bajo fianza para uno de los sicarios del asesinato de Polop

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante imprimió ayer un giro copernicano al caso Polop. Los tres jueces que la componen decidieron revocar el auto de prisión dictado por el juzgado número 2 de La Vila Joiosa y dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros a Robert Franek, uno de los dos supuestos sicarios checos encarcelados hace ocho meses acusado de haber sido autor material del asesinato de Alejandro Ponsoda, acaecido en octubre de 2007. Esta decisión contrasta con la ratificación de cárcel para otros dos acusados que dictó la misma sala en los meses de abril y mayo pasado. Otros cuatro acusados siguen en prisión por su vinculación con este crimen, que la investigación policial justifica por el control del urbanismo de Polop, un pueblo del interior de La Marina Baixa situado a 10 kilómetros de Benidorm.

Franek, no obstante, sigue estando imputado "por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas", según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y deberá presentarse cada 15 días en el juzgado de La Vila.

Los magistrados de la Audiencia consideran que el paso del tiempo ha modificado las circunstancias que justificaban la medida cautelar de privación de libertad en un primer momento "y obliga a ponderar los datos personales y los del caso concreto conocidos en momentos posteriores", en concreto la falta de pruebas que confirmen "su presencia en el lugar de los hechos imputados" y su "nacionalidad comunitaria, que reduce el riesgo de fuga", además del "tiempo que lleva en prisión sin que aparezcan datos que apunten a la proximidad del enjuiciamiento". El auto de la Audiencia entra en clara contradicción con los dictados en dos casos precedentes, los de Juan Cano y Pedro Hermosilla, que permanecen en prisión acusados de ser el autor intelectual del crimen y el intermediario para la contratación de los sicarios. De hecho, el 30 de abril la misma sala decidió que Juan Cano siguiera en prisión como medida cautelar "para evitar el riesgo de fuga del imputado" y por "la existencia de indicios que fundamentan su imputación".El sicario checo, según el fiscal, acudió al prostíbulo unos meses después del asesinato armado con un bate para reclamar un "impago" por el trabajo. La decisión de la Audiencia contrasta con la adoptada el 20 de mayo cuando decidió mantener en prisión a Pedro Hermosilla, el dueño del club Mesalina, en cuyo reservado se tramó supuestamente el asesinato de Alejandro Ponsoda.

Entonces los magistrados valoraron el "elevado riesgo de fuga" del encarcelado dada la gravedad de la acusación a la que se enfrenta, que es su actuación como intermediario para la contratación de los autores materiales de los dos disparos que acabaron con la vida del alcalde polopino. Es decir, que la Audiencia ha decidido dejar en libertad bajo fianza al imputado por la autoría material del asesinato, pero mantiene en prisión al autor intelectual y al intermediario de la operación.

La principal prueba de cargo de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se basa en la declaración de un testigo protegido que habría estado trabajando de portero en el club Mesalina en el inicio del verano de 2007. El portero, de nacionalidad portuguesa, declaró que le ofrecieron el encargo de matar a Ponsoda porque había trabajado de mercenario en algunos países africanos, donde reconoció haber matado a gente. Este testigo, tras renunciar a llevar a cabo el plan por 35.000 euros, proporcionó los nombres de Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, el primero para que se encargara de proporcionar las armas y los dos ciudadanos checos para que ejecutaran el operativo.

Sin embargo, la primera declaración del testigo protegido ante la Guardia Civil se produjo dos días después de ser despedido del club Mesalina tras haber estado casi un año de baja laboral. Además, reconoció que algunos días en los que no pudo hacerse cargo de la vigilancia de la entrada del club, recomendó a Franek para que le hiciera algunas sustituciones, por las que cobraba 50 euros.

Alejandro Dapena, el abogado del otro supuesto sicario, Radim Rakowski, anunció a este periódico: "El próximo lunes me presentaré en La Vila para hablar con la juez que instruye el caso y solicitar la libertad de mi cliente". Por su parte, Francisco Martínez, el letrado del dueño del Mesalina, presentará el lunes en la Audiencia un escrito pidiendo la libertad de Hermosilla. "No puede ser que el supuesto autor material del crimen esté en la calle y quien habría actuado como intermediario, encarcelado", remacha indignado.

Según el testigo protegido, cuando en julio de 2007 entró en el reservado y le ofrecieron matar a Ponsoda, estaban el dueño y el gerente del club, Ariel Gatto; el entonces concejal de Urbanismo de Polop, Juan Cano; el empresario del calzado residente en Polop Salvador Ros, y una pareja compuesta por un hombre y una mujer rubia que todavía no han sido identificados y de los que nada se sabe.

Pero el mismo testigo, con antecedentes policiales y un juicio pendiente por agresiones cuando trabajaba de portero en una discoteca de Benidorm, no denunció los hechos hasta dos años después, tras haber sido despedido por estar casi un año de baja.

"Ahora se ha abierto la veda", dice el abogado defensor de otro acusado, convencido de que es cuestión de tiempo que todos los acusados salgan a la calle. "¿Por qué la Audiencia se cree la reunión del Mesalina y no que el testigo dio tres nombres que luego fueron quienes dispararon?", se pregunta. Lo cierto es que "ni Franek ni Rakowski tienen los 30.000 euros que les piden de fianza, así que habrá que solicitar la revisión de la cantidad", asegura una persona cercana a los acusados.