Poder y responsabilidad

¿Sería posible una convivencia pacífica en España si la estructura del Estado no estuviera políticamente descentralizada? ¿No es el reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía y su ejercicio real y efectivo por las nacionalidades y regiones que componen España un presupuesto para la convivencia ciudadana?

Para una convivencia democrática, sin duda. Cada vez que la sociedad española ha tenido posibilidad de expresarse políticamente con el razonable margen de libertad con que puede hacerlo una sociedad con muchos siglos a sus espaldas, la sustitución de una estructura unitaria y centralista por otra descentralizada se ha planteado de manera inmediata. Ya ocurrió en el siglo XIX tras La Gloriosa y, de manera mucho más inequívoca, en los dos procesos constituyentes democráticos de nuestra historia, el de 1931 y el de 1977-1978. Que el Estado unitario y centralista no puede ser la forma de Estado de la democracia española es algo de lo que pueden caber pocas dudas.

Pero iría más lejos. Pienso que no solo una convivencia democrática, sino una simple convivencia pacífica sería imposible sin el ejercicio institucionalizado del derecho a la autonomía y la existencia de las diecisiete comunidades autónomas. Si el enfrentamiento político en España únicamente tuviera como marco de expresión las Cortes Generales, y en ellas se tuvieran que tomar todas las decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos, la deriva del enfrentamiento político al enfrentamiento civil sería difícilmente evitable. Podemos convivir pacíficamente porque una gran cantidad de las decisiones que condicionan nuestra vida se adoptan en Cataluña, en Galicia, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana... Y porque dichas decisiones son adoptadas simultáneamente por mayorías parlamentarias de distinto color. Esto es lo que hace que el enfrentamiento político se difumine y no llegue a transformarse en algo mucho peor, más insoportable.

En esta misma semana hemos tenido un buen ejemplo práctico. En un clima político tan extraordinariamente enrarecido como en el que estamos viviendo, ha tenido lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y los diecisiete consejeros de Economía y Hacienda de las diecisiete comunidades autónomas se ha puesto de acuerdo por unanimidad para aprobar la parte que les corresponde a cada una de ellas del ajuste fiscal exigido al Estado español, como a todos los demás de la Unión Europea, para reducir el déficit público al 3% establecido en el pacto de estabilidad y crecimiento que acompañó al nacimiento del euro.

Del enfrentamiento a cara de perro que se produjo en el pleno del Congreso de los Diputados en el que se convalidó el decreto ley con las medidas de ajuste fiscal aprobadas por el Gobierno hace poco más dos semanas, se ha pasado en esta a la unanimidad entre gobiernos de colores diferentes.

Y es que la responsabilidad del ejercicio del poder obra milagros. Cuando no se tienen que tomar decisiones que después sean vinculantes política y jurídicamente, se puede decir casi cualquier cosa, aunque no debería decirse. Pero se puede decir. Pero cuando se es responsable de que las cuentas cuadren, de que se puedan seguir prestando los servicios y se pueda continuar teniendo acceso al crédito, las cosas se ven de manera muy distinta y el alcance del enfrentamiento se reduce de manera considerable. Y a esto contribuye decisivamente la distribución territorial del poder. A través de ella encuentra un mucho mejor reflejo en la esfera política la complejidad de la sociedad española. Y eso favorece sin duda una convivencia pacífica.