Los sindicatos de las cajas temen que las prejubilaciones bajen a los 52 años.

La fusión ha puesto en alerta a los sindicatos. Un mensaje poco convincente y la parquedad de las explicaciones durante la presentación del plan de integración por parte de las cajas no es lo único que preocupa a las centrales con presencia en Caixa Galicia y Caixanova. Las 1.230 prejubilaciones que afrontará la caja única (unos 760 empleados en la red comercial y otros 470 en servicios centrales) nada tienen que ver con lo hasta ahora manejado desde las propias cajas y también frente a los números validados por el Banco de España en las reuniones que ha mantenido con los negociadores, cuando la autoridad monetaria había dado por buenas 997 prejubilaciones para hacer viable la fusión.

La CIG apunta que las "decisiones llegarán a la mesa laboral casi cerradas".

Los sindicatos interpretan que el saneamiento de la nueva caja, que pasa por desinversiones y venta de red y cierres hasta sumar 16.800 millones de euros, supondrá también un sacrificio laboral que tiene su eje en la reducción de la edad de prejubilación hasta asumir ese excedente de personal de 1.230 trabajadores. Así lo ven tanto desde CC OO como desde la CIG, que habían cifrado que las prejubilaciones rondarían los 55 años, siempre voluntarias. De hecho, un informe elaborado por el sindicato mayoritario en las cajas al inicio de las conversaciones estimaba que con tal de que el 80% de los trabajadores de más de 55 años de ambas entidades se acogiera a las prejubilaciones ya se cubrirían esos 997 empleos que había que suprimir. Ahora, el incremento de bajas laborales hace que el techo de la edad de prejubilación se sitúe a la baja sobre ese límite marcado.

Los sindicatos temen que la edad de prejubilación para asumir los 1.230 empleos llegue a los 52 años, hasta cubrir el total de bajas planteadas, aunque será la mesa laboral el marco en el que se decida finalmente la estructura del plan de reducción de empleo. Desde CC OO, Julián Valiente, secretario general de la federación de banca en Galicia, considera más que fundada la amenaza. "Ya en las reuniones que mantuvimos en su día en Facenda para conocer los números de la auditoría de KPMG se nos expuso que las edades de prejubilación descenderían para asumir el número de bajas planteadas, fuera el que fuera finalmente, y ya se habló de los 52 años", explica.

Desde la CIG, Isabel Gayoso admite que ése fue precisamente uno de los puntos abordados entre los representantes de las centrales tras la reunión que mantuvieron el lunes con las cajas para conocer el plan de integración. "Aunque en el encuentro nos ofrecieron muy pocos datos sobre empleo, todo indica que las decisiones llegarán a la mesa laboral prácticamente cerradas, sin margen de actuación", lamenta. "Todo va a depender de los tiempos de aplicación del plan", explica, "ya que es muy distinto negociar ahora unas prejubilaciones de 52 o 55 años a uno, dos o tres años vista".

Los grandes números que fija el plan de integración harán que, en la caja fusionada, los empleos de la red comercial, la que más sufrirá, pasen en cinco años de los 6.140 trabajadores actuales a unos 5.400, mientras que en servicios centrales se quedarán entre 1.140 y 1.170 trabajadores en el horizonte de 2015, frente a los 1.619 actuales. Los sindicatos admiten que siguen muy de cerca otros procesos de fusiones, como los de las cajas catalanas, y analizan con especial atención los números del plan laboral de la fusión de Caja Duero y Caja España, operación que presentó similares duplicidades que la gallega. Las cajas castellanoleonesas pactaron 55 años como edad de prejubilación para los 815 trabajadores excedentes, sobre una plantilla total de 6.200 empleados.

Finalmente, y tras muchos debates, los prejubilados de Caja Duero y Caja España percibirán el 90% de la retribución fija (neta) anual cobrada en 2009 sin aportación al plan de pensiones durante el período de prejubilación o, en su caso, el 80% de la retribución fija y el mantenimiento de las aportaciones al plan de pensiones durante la prejubilación en un importe igual al que tenían hasta ahora, sin revisión. Además, ambas entidades plantearon un ERE, para abaratar costes laborales por importe de 50 millones de euros.