Sanidad elimina la farmacia gratis para las personas sin recursos

Las personas sin recursos ya no tendrán acceso gratuito a los medicamentos. La Comunidad Valenciana ofrecía desde 1989 a todos ellos -en buena parte inmigrantes, además de personas sin hogar o de etnia gitana- no solo asistencia sanitaria, sino también acceso libre a los fármacos que necesitaran a través de la llamada tarjeta sin recursos. Las únicas condiciones que tenían que cumplir sus usuarios eran que se empadronaran y que cumplimentaran una declaración jurada anual de que no tenían ingresos.

Esta situación ha cambiado. No en lo que hace referencia a la asistencia, sino a los fármacos. Después de una moratoria de dos años en la que se ha ido informando a la población afectada, la Consejería de Sanidad aplica desde el 6 de junio el Real Decreto 1.089/89. Esta norma iguala la prestación farmacéutica de las personas sin recursos menores de 65 años a la población activa, lo que implica que tienen que pagar, a través de la tradicional receta verde, el 40% del coste del fármaco. A Sanidad, le cuesta 2,5 millones de euros pagar estos medicamentos, una cantidad relativamente pequeña frente al elevado coste global de la farmacia (1.800 millones de euros en 2009). Los inmigrantes que cuentan con esta tarjeta no llegan a 50.000.

La directora general de Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria, Pilar Viedma, se reunió ayer con la responsable de Médicos del Mundo en Valencia, Blanca Nogués, para abordar las consecuencias que puede tener la aplicación de esta norma. "Entiendo que la medida puede ser justa ya que antes se corría el riesgo de discriminar a personas que estuvieran en el paro", comentó Nogués a este diario, "pero hay que estar muy atentos ante el porcentaje de gente que no pueda costear los medicamentos que necesite". Sanidad indicó a este diario que estas personas tendrán que recurrir a los servicios sociales municipales para justificar su situación de necesidad, con la declaración de la renta o de ingresos, y así acceder a ayudas. "No creemos que haya un aluvión de afectados", apuntó Nogués, "pero tal y como están de saturados los servicios sociales quizá habrá que buscar otra solución para resolver el problema". Tanto Sanidad como Médicos del Mundo se han comprometido a estudiar los efectos de la norma.