Córdoba salva más de la mitad de las naves ilegales de Sandokán

Tras casi un lustro de desavenencias, la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba han logrado un acercamiento que prácticamente amnistía a las naves levantadas ilegalmente por Arenal 2000, la constructora propiedad de Rafael Gómez, conocido popularmente como Sandokán. El plan especial de la carretera de Palma del Río -redactado ahora por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), después de que el TSJA tumbase el presentado por Arenal- prevé que la empresa mantenga en pie 25.000 de los 40.000 metros cuadrados de estas estructuras. Es decir, el plan, aprobado provisionalmente, regularizará el 62,5% de las naves. De esta manera, el 37,5% (unos 15.000 metros cuadrados) deberá ser derribado por la empresa.

Hace un año, en una anterior versión del plan, el Ayuntamiento planteaba un perdón todavía mayor para las naves. Entonces, la GMU propuso regularizar un máximo del 75%. A la Junta nunca le gustaron estas cifras. Oficialmente, Obras Públicas y Vivienda se ha negado a dar un porcentaje de derribo, pero siempre han abogado por tirar, como mínimo, la mitad de las naves. Ahora, ambas tesis se han encontrado a mitad de camino. El 37,5% que se va a demoler es el punto medio cartesiano entre los deseos de la Junta (derribar el 50%) y el Ayuntamiento (derribar el 25%).

La nueva cifra, afirma el Ayuntamiento, deriva de las alegaciones presentadas al primer escrito del plan, aprobado inicialmente en julio de 2009. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Francisco Tejada, dijo ayer que para determinar el número de metros cuadrados que se deberán derribar se ha seguido la media de ocupación de las industrias históricas presentes en ese entorno, calculada en un 21%. Traducido al caso de las naves de Sandokán, "si el propietario quiere volver a la legalidad, deberá acometer un proyecto de actuación que supondrá la demolición de 15.000 metros cuadrados".

La posible regularización de las naves no afectaría, en principio, a la tramitación de la multa de 24,6 millones que el Ayuntamiento impuso a Sandokán. La sanción fue recurrida y se encuentra en los tribunales.

Por otro lado, a nadie se le escapa el hecho de que la anterior alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, bajo cuyo mandato (IU) se desarrolló el enfrentamiento a cara de perro entre la Junta y el Ayuntamiento por las naves, es ahora la consejera de Vivienda en el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE). IU y PP defendieron durante años el plan elaborado de Arenal para la carretera de Palma del Río, que regularizaba las naves. Mientras, el PSOE y la Junta se opusieron a esta salida por provenir de la iniciativa privada.

La presente solución satisface al PSOE, mientras que la Delegación de Obras Públicas en Córdoba está pendiente de recibirlo y resolver. Fuentes socialistas esperan que se apruebe sin problemas. El PP se abstuvo ayer en la votación del Plan en la GMU.