Los ex cargos públicos copan la nómina de asesores en capitales y diputaciones

Son una legión y su función se difumina en el genérico término de asesores. Por este papel perciben sabrosas nóminas y el añadido de las dietas, que en algunos casos alcanzan hasta los 64.000 euros. Su procedencia laboral es monótona: ex cargos públicos o profesionales de la comunicación. Otro rasgo común es su afinidad (personal, ideológica o familiar) al bando político que asesoran, aunque siempre hay excepciones. El PP en el gobierno de las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos de las tres capitales valencianas ha declinado comentar si son muchos o pocos. Los socialistas de Alicante abogan por controlar su "eficacia" y los de Valencia y Castellón por reducir su número. Esquerra Unida, en cambio, advierte del "derroche" que supone este capítulo y su posible solapamiento con las plantillas "oficiales" de funcionarios municipales.

Los cargos de confianza de las seis instituciones cuestan 12,2 millones

EU cree que es un despilfarro y que se solapan las labores de los funcionarios

El PSPV de Castellón planteó que los asesores rindieran cuentas al semestre

Los socialistas tienen en Valencia de asesores a ex concejales

El entrenador de Rus también cobra como asesor de segundo nivel

Este cajón de sastre de afines en el que se han convertido las largas listas de asesores de las seis instituciones suma 297 puestos de confianza para un total de 178 cargos públicos. El coste global de esa nómina asciende a 12,2 millones de euros. Tampoco ellos escapan del recorte de salarios en el plan de ajuste del Gobierno contra el déficit público.

La Diputación de Alicante, que preside José Joaquín Ripoll, del PP, se lleva la palma en este apartado. En el actual presupuesto, la Corporación provincial cuenta con un total de 74 asesores para 31 diputados, que supone un coste de 3,2, millones de euros. Cuando Ripoll llegó al cargo en 2003, el presupuesto de ese capítulo era de un millón. El titular de la corporación provincial y, a su vez, presidente del PP provincial, ha convertido la institución en refugio de los represaliados por el bando opuesto a los ripollistas, los campistas. En ese apartado, destaca el ex consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, ahora gerente de la empresa provincial Proaguas, con un sueldo de 55.000 euros. La penúltima incorporación ha sido la del edil ilicitano Edmigdio Tormo, nombrado director de la Agencia Provincial de la Energía, con una nómina de 64.000 euros. La lista de ex cargos público, tampoco es desdeñable, y destacan la ex alcaldesa de Sax, María Frutos Barceló Latorre, colaboradora del Consorcio Provincial de Prevención de Extinción de incendios, por 37.000 euros. Tampoco Ripoll se ha olvidado de la familia, y entre sus asesores cuenta con su cuñado, Alejandro de la Vega Orduña, gerente de Medio Ambiente, con un sueldo de 55.000 euros. El paraguas de Ripoll es tan amplio que cubre hasta empresarios, como Luis Castillo García, ex presidente del Club de Baloncesto de la ACB de la ciudad, de subdirector del Gabinete de Comunicación, con 41.000 euros.

Los asesores del PSPV (13) son también ex cargos o cargos, como la actual alcaldesa de Guadalest, Trinidad Amorós (37.000 euros). "No hay familiares", precisa Antonio Amorós, portavoz del Grupo Socialista. Amorós elude pronunciarse sobre si está o no justificada esta abultada nómina de asesores de la Corporación provincial, aunque cuestiona la "eficacia" de algunos de los cargos de confianza de Ripoll.Ripoll ha puesto la guinda a su elenco de asesores con una incorporación de última hora. Se trata del ex jefe de urbanismo de Benidorm, el jubilado Francisco Santiago, nuevo consejero de temas hídricos para el presidente por 53.000 euros. El equipo de gobierno del PP eludió comentar este capítulo de los asesores. "Aquí, habrá recortes para todos", dijo escuetamente un portavoz. Y, efectivamente, en el último pleno, los asesores directivos vieron rebajado su sueldo un 7%, y los puestos bajos del escalafón un 5%.

El Ayuntamiento de Alicante, presidido por Sonia Castedo, del PP, cuenta con un total de 54 asesores, que generan un coste de 1,7 millones de euros. Castedo, en el cargo desde septiembre de 2008, ha incrementado la lista en una decena en relación con su antecesor, Luis Díaz Alperi. Las incorporaciones más destacadas han sido las del ex sindicalista Mariano Postigo y el presidente de la Plataforma por la Movilidad de L'Alacantí, Javier Cobela, ambos con 34.000 euros. El capítulo de asesores de grupos (34 el PP y 10 el PSPV) está copado por profesionales de los medios de comunicación. El equipo de Gobierno ha declinado comentar ese apartado del personal municipal. Mientras, el PSPV, a través de su portavoz, Roque Moreno, señala que el número de asesores es el recogido en el reglamento de la Corporación. "Yo pondría el acento en la eficacia de su trabajo", precisa. Quien sí se ha pronunciado y de manera contundente ha sido el candidato a la alcaldía de EU, Miguel Ángel Pavón: "Es inaceptable que entre el grupo popular y la alcaldía haya 54 cargos de confianza cuando los funcionarios están a su entera disposición para asesorarles en cualquier tema municipal". EU no tiene representación en este mandato.

En el Ayuntamiento de Valencia, donde existen 60 plazas creadas para asesores, con un coste anual de 3,4 millones de euros, aparecen en la lista una mayoría de personas vinculadas a los dos partidos con representación municipal. Los asesores cobran desde 2007, en que los dos grupos políticos -PP y PSPV-PSOE- se elevaron el sueldo, unos 61.600 euros brutos anuales, lo mismo que cobra un jefe de servicio del Consistorio.

La alcaldesa Rita Barberá, del PP, tiene ocho asesores y el Grupo Popular cuenta con otros 32 puestos más a razón de un asesor y medio por concejal, de acuerdo con el pacto político al que llegaron PP y PSPV al principio del mandato. La mayoría son cargos de confianza del concejal o cargos vinculados al PP. En algún caso existe incluso parentesco. Juan Carlos Beneyto es asesor de la concejal del Ciclo Integral del Agua, Maria Ángels Ramón-Llin, y hermano de la responsable municipal del Palau de la Música de Valencia, Mayrén Beneyto.

Otro caso curioso es el de Manuel Mata, asesor del concejal de Ferias y Fiestas, Félix Crespo, desde abril de 2009. Ex responsable de prensa del Valencia C. F. fue fichado por el consistorio tras abandonar el club y tiene en común con el edil al que asesora su pertenencia a la misma comisión fallera. Otra persona de reciente incorporación es un ex asesor del primer teniente de alcalde, Alfonso Grau. Jesús Gordillo dejó la asesoría para ocuparse de la gerencia de Fervasa, la empresa de tratamiento de basuras. Desde hace unas semanas ha vuelto a un despacho del Ayuntamiento del que ha colgado el cartel de asesor de primer teniente de alcalde.

El Grupo Socialista cuenta con 19 asesores. Del total, al menos cuatro, ocupan este cargo después de quedarse sin escaño en las pasadas elecciones locales. Es el caso de Matías Alonso, Vicent Inglada o Teresa Valls. Otros asesores proceden sobre todo de la estructura orgánica del partido en la ciudad. En esta circunstancia está Pedro Sánchez, persona de la confianza en la ciudad del secretario general, Jorge Alarte, o de José Vicente Berlanga, secretario del partido en Benimaclet. Otro de la lista, Juan José Lozano, está enteramente liberado en Blanquerías, sede del PSPV-PSOE, y prácticamente no pisa los despachos municipales.

Un portavoz oficial explica que 60 asesores no es exagerado para una ciudad del tamaño y la población de Valencia. "Si viéramos las cifras de Madrid, Barcelona o Sevilla estaríamos por debajo", asegura. Además, sostiene que la cifra la pactaron ambos grupos políticos con presencia en el consistorio y, por tanto, no es probable que se toque en lo que queda de mandato. "Cuando arranque el nuevo mandato se verá".

La otra gran institución local de la provincia es la Diputación. En la Corporación, que preside el popular Alfonso Rus el número de asesores ha permanecido invariable en los últimos dos mandatos. Son 49 para 31 diputados y cuestan 1,9 millones de euros brutos anuales. Los sueldos oscilan entre los 46.000 euros brutos anuales y los algo más de 33.000 euros. Entre los casos más llamativos está el de Francisco Javier Montava, esposo de la consejera de Cultura de la Generalitat, Trinidad Miró, asesor del Grupo Popular desde finales de 2008, o de Concepción Gea, cuñada del vicepresidente de la Diputación y alcalde de Montcada, Juan José Medina. El entrenador de Rus, Octavio Pérez, cobra como asesor de segundo nivel desde 2009.

En las filas socialistas, con trece asesores, hay, sobre todo, ex concejales, ex alcaldes e incluso algún ex director general de los gobiernos de Joan Lerma. Es el caso de Xavier Albiol, coordinador del grupo de asesores.

En Castellón, más del 80% de los asesores del PP en la Diputación es cargo o ex cargo público o tiene alguna relación familiar con éstos. Ex diputados provinciales, ex concejales, hijos de alcaldes o ex alcaldes, cuñadas y sobrinas, entre otros, conforman la amplia lista de personas contratadas bajo la tutela del presidente de la institución, Carlos Fabra, hasta un total de 34, el doble del número de diputados que tiene el PP. Dos de los casos más polémicos fueron la contratación del hijo del alcalde de Montán y la de la hermana de Sergio García. Sergio Fornás fue contratado a finales de 2007 después de que su padre desvelara que "en realidad", era él quien iba a ser contratado por la Diputación. "Al tener 70 años no puedes ser contratado por las administraciones y al encontrar con eso [el impedimento legal], como mi hijo me ha ayudado en la comarca pues le han nombrado a él", dijo Antonio Formás. En el caso de Mar García, el portavoz de Iniciativa del Poble Valencià en Castellón, Carles Mulet, presentó una denuncia ante la fiscalía para que investigara la posibilidad de una presunta malversación de fondos públicos por la contratación. La denuncia fue archivada porque "se trata de un nombramiento que la normativa aplicable permite que sea discrecional".

Tanto el portavoz del grupo socialista, Francesc Colomer, como la del Bloc, Maria Gràcia Molés, han criticado, el desmesurado volumen de cargos de libre designación contratados en la Diputación. Colomer presentó sin éxito una propuesta para que los asesores rindieran cuentas semestralmente.

En el Ayuntamiento de Castellón, las relaciones entre los asesores y los vínculos familiares o políticos son más tenues, aunque destaca el jefe del gabinete de alcaldía, José Alberto Fabra, hermano de Carlos Fabra. El PP nunca ha querido da explicaciones sobre el trabajo que desempeñan los 20 asesores contratados para los 14 concejales populares, una cantidad desproporcionada en comparación con los tres de los que disponen los 12 concejales socialistas, mientras el Bloc, con un concejal, cuenta con un asesor.

Información elaborada por Santiago Navarro, Cristina Vázquez y María Fabra.