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Tribuna:Laboratorio de ideas

Ahora o nunca

La economía española sufre dos problemas fundamentales, uno es su nivel de endeudamiento con ahorro extranjero y el otro es su escasa competitividad. El primero es coyuntural y consiste en que el sector privado primero y más tarde el sector público se han endeudado excesivamente y con ahorro extranjero. La crisis financiera llegó en el peor momento para que el sector privado refinanciara su elevada deuda en los mercados exteriores. Afortunadamente, el sector público había sido prudente y mostraba un superávit presupuestario del 1,9% y una deuda del 37% del PIB en 2007. Eso le permitió poder intervenir compensando la brutal caída de la demanda interna privada de consumo e inversión y evitar una recesión mucho más grave.

El mercado laboral español se ajusta solo por cantidades (desempleo) en lugar de precios (salarios)

Sin embargo, las crisis financieras siempre traen consigo crisis de deuda tanto privada como pública y el sector público español ha pasado de dicho superávit a un déficit del 11,2% del PIB, es decir, un cambio de 13,1 puntos porcentuales de PIB en sólo dos años, lo que es un récord histórico. De dicho déficit un 50% ha sido el resultado de una caída de los ingresos, buena parte derivados de la burbuja inmobiliaria y de la construcción, y otro 50% por un aumento de los gastos, la mayor parte por el juego de los estabilizadores automáticos (subsidios de desempleo), pero también por un aumento de los empleados públicos y sus remuneraciones en autonomías y ayuntamientos.

Estos excesos de endeudamiento privado y público están ya corrigiéndose. Las familias y las empresas han duplicado su tasa de ahorro en menos de dos años y el sector público se comprometió en febrero de 2010 a llegar a un 3% de déficit en 2013 que tras el contagio de la crisis griega y el consiguiente aumento del coste de la deuda ha tenido que acelerar y reforzar en mayo. Naturalmente, esta nueva contracción fiscal incidirá negativamente en la tasa de crecimiento en 2010 y 2011.

El segundo problema es estructural y consiste en que durante todo el largo periodo de elevado crecimiento promedio del 3,5% entre 1995-2007, sin embargo, la productividad por empleado y por hora trabajada ha aumentado muy poco y la productividad total de los factores, que es la verdadera productividad, fue negativa. Se ha crecido acumulando empleo de cualificación media y baja y capital físico, sobre todo inmobiliario, pero sin que aumente la productividad derivada del I+D+i, que es la clave de un crecimiento sostenido.

Asimismo, dicho crecimiento era empujado básicamente por dos choques externos y por una sola vez. De un lado, la fuerte caída de los tipos de interés al entrar en la Unión Monetaria y desaparecer el riesgo de tipo de cambio de la peseta y, de otro, la entrada de cuatro millones y medio de inmigrantes en edad de trabajar y con tasas de actividad y movilidad elevadas que han dado otro fuerte impulso a la economía. El resultado es que el crecimiento en esos 15 años ha sido medio punto superior a su potencial (~2,9%), por lo que se han ido acumulando desequilibrios tanto de inflación de costes como de inflación de activos, como la burbuja inmobiliaria, que han hecho que la economía española pierda competitividad, especialmente frente a la zona euro, y que alcance un déficit externo del 10% del PIB.

Pues bien, una parte importante de la escasa productividad generada y de dichos desequilibrios inflacionistas y de dicho endeudamiento tiene su origen en el mercado laboral, única institución que no sólo no ha experimentado una reforma en profundidad durante la transición y la democracia sino que algunas de sus reformas parciales lo han empeorado, aumentando la dualidad laboral y el número de contratos.

Por un lado, la existencia mayoritaria de unos trabajadores de edad madura y nivel de educación medio, muy protegidos por unos costes de despido de 45 días por año trabajado, y por otro, unos trabajadores jóvenes, con mayor nivel de educación, con contratos temporales de seis meses renovables hasta tres años, con unos costes de despido de 0 a 8 días por año. Estos jóvenes están sobrecapacitados para los trabajos que realizan, se les da muy poca formación dentro de la empresa porque pueden despedirlos, viven con sus padres, no pueden formar un hogar, ya que no hay viviendas en alquiler y los bancos no les dan créditos si no tienen un trabajo estable. Al no tenerlo, se desaniman y producen menos.

Esto hace que exista toda una generación joven con una productividad inferior a su potencial, que pasa un tercio de su vida laboral en paro, que no tiene expectativas de empleo estable y de progreso y que además va a tener que pagar las pensiones de los otros trabajadores protegidos de mayor edad. Este despilfarro de capital humano, de productividad potencial y de crecimiento no sólo es una grave injusticia social sino un problema económico muy serio. Además, este mercado dual es una de las causas de que el desempleo sea mucho más volátil y el más elevado entre países europeos.

Pero eso no es todo, el sistema de negociación colectiva español es uno de los menos eficientes y más inflacionistas que existe en Europa. La negociación salarial debería hacer que el salario real medio (deducida la inflación) aumentase al mismo ritmo que la productividad media. Sin embargo, esta no parece tomarse en cuenta, ya que los salarios han estado creciendo más de un punto porcentual por encima de la productividad durante todo este largo periodo, así como por encima de los de otros países de la zona euro.

Además, tiende a aumentar el desempleo al imponer las negociaciones salariales sectoriales y provinciales a todas las empresas independientemente de su productividad y de su situación económica. El resultado es que el mercado laboral español se ajusta solo por cantidades (desempleo) en lugar de precios (salarios). En definitiva, su indexación con la inflación pasada, su desconexión con la productividad y su fomento del desempleo muestran la urgente necesidad de cambiarlo.

Por último, si no existiese este problema estructural tan grave y que produce tanto desempleo, probablemente no existiría crisis fiscal alguna ya que el coste actual del desempleo son 34.000 millones de euros al año, cifra similar a toda la contracción fiscal que hay que realizar cada año hasta 2013.

A pesar de estas contundentes evidencias, los agentes sociales, que son imprescindibles en una sociedad democrática tras casi dos años de negociaciones en medio de una recesión y de un desempleo del 20%, han mostrado poco interés en llegar a un pacto para cambiar y mejorar el actual sistema, quizá porque mantenerlo les favorece a ambas organizaciones, que muestran una escasa afiliación y, sin embargo, una enorme y costosa implantación burocrática nacional, sectorial y provincial que no quieren perder.

Ante esta situación, el día 16 de junio, el Gobierno debe atreverse a cambiar por decreto ley este sistema de contratación laboral y de negociación colectiva tan ineficiente, tan injusto, tan inflacionista y que además perjudica al empleo y al crecimiento. Es esta una ocasión única para que el Ejecutivo lleve a cabo un cambio en profundidad de esta situación arrastrada desde hace décadas, esto le permitirá pasar a la historia por haber hecho lo que tenía que hacer, aunque pudiera tener un elevado coste político.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de junio de 2010