"La Unión Europea debe prepararse para una suspensión de pagos"

André Sapir (Bélgica, 1950), catedrático de la Universidad Libre de Bruselas, ha colaborado con la Fundación Ideas en un estudio sobre impuestos al sector financiero dirigido por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz (EE UU). Sapir y Stiglitz pertenecen al comité científico de la fundación del PSOE y abogan por gravar a las entidades financieras, pero también discrepan. En la presentación del estudio, hace dos semanas en Madrid, Stiglitz enfatizó que los planes de ajuste europeos traban la recuperación. Sapir, que asesora al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, replicó que el coste del Estado de bienestar en Europa cambia la perspectiva.

En un receso, Sapir abunda en que reducir el abultado déficit público es prioritario y llama a prepararse para el caso de que un país europeo (Grecia tiene todas las papeletas) suspenda pagos.

"Grecia está en una situación que recuerda a la de Argentina en 2001"

"El impago no es bueno; un impago descontrolado es aún peor"

Pregunta. En un artículo del centro de estudios Bruegel advertía de que hay "Argentinas potenciales en la zona euro", en referencia al impago de 2001. Además de Grecia, ¿hay otros países en riesgo? ¿España?

Respuesta. No, no creo. Lo que dijimos es que Europa debía estar preparada en caso de impago. No era una predicción, aunque es verdad que yo creo que existe la posibilidad de que eso ocurra con Grecia. Lo que queríamos es extraer lecciones de las dificultades que ha tenido la UE para aprobar un mecanismo de asistencia a países en problemas. Ha sido un proceso doloroso, porque los países tenían distintos intereses. Y lo que decimos es: si la posibilidad de impago está ahí, hay que desarrollar ya un sistema para hacerlo de forma ordenada. El impago no es bueno; un impago descontrolado es aún peor.

P. Los Gobiernos aprueban duros planes de ajuste, la UE acuerda un fondo de asistencia de 750.000 millones, pero el castigo de los mercados no cesa...

R. Hay todavía mucha incertidumbre. Miremos los números de Grecia: la UE y el FMI pronostican que la deuda pública seguirá creciendo para alcanzar el 150% del PIB en 2013. Digamos que en ese momento, Grecia está pagando un 5% de interés de media por todo su stock de deuda: eso implica que se gastará el 7,5% de su PIB solo en pagar los intereses. Y si el ajuste que ha iniciado el Gobierno griego no es suficiente o el crecimiento es débil, el tipo de interés será mayor y deberán pagar más. Grecia empieza a estar en una situación que recuerda a la que vivió Argentina. Y la suspensión de pagos se convierte en una posibilidad. La UE tiene que prepararse para esa posibilidad.

P. Que el impago se produzca en la zona euro, ¿facilita o dificulta la solución?

R. Imagine que no se diseña antes un sistema de resolución común. Y supongamos que Grecia o cualquier otro país entra en suspensión de pagos. Por seguir con el caso griego, la mayoría de sus acreedores están en la zona euro: son bancos de otros países miembros, aseguradoras, fondos de inversión... Si no existe ese mecanismo, el Gobierno griego tendría que entablar negociaciones con cada gran acreedor, y finalmente, con los Gobiernos de esos países, que asumirían el problema de sus bancos. Grecia empezaría a negociar con su mayor acreedor, que en este caso sería Francia, y después con Alemania, y así hasta el último de la lista, con lo que habría condiciones distintas y mucha tensión política. Sería además un proceso que llevaría tiempo, lo que supone también incertidumbre y coste económico.

P. ¿Cuál es la alternativa?

R. Lo que planteamos es poner en marcha un sistema que permita anticipar cómo distribuir entre los países acreedores las consecuencias de una posible suspensión de pagos. Sería parecido a lo que la UE acaba de lograr con el fondo de asistencia a Grecia: en él, las condiciones no se han diseñado a partir de una negociación bilateral, sino en unas conversaciones en las que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han negociado con Grecia en representación de toda la UE.

P. ¿Y tiene constancia de que se prepare algo parecido?

R. Es normal que nadie quiera hablar de eso, porque los mercados reaccionarían. No sé, ni quiero saber, si hay gente de la Comisión o del BCE trabajando en ello, pero espero que sí. Desde luego, merece la pena intentarlo.

P. ¿Cree posible un impuesto a la banca en la UE, o se optará por soluciones nacionales?

R. Hay discusión sobre si ese impuesto a la banca debe servir para recuperar el dinero público con el que el Estado auxilió a las entidades, como ha hecho el Gobierno de mi país. Creo que esta opción es totalmente legítima. Y también está el planteamiento de la Comisión Europea de usar los impuestos para dotar una red de fondos nacionales de resolución de problemas, que se utilizarían en futuras crisis. Las virtudes de esta opción no me convencen mucho. Donde sí creo que hay un problema serio, y la Comisión no se ha definido aún, es con los grandes bancos que tienen presencia en varios países. ¿Qué ocurre si estas entidades tienen problemas serios de solvencia?

P. En teoría, el G-20 debía poner en marcha normas para afrontar esa situación.

R. No hablo siquiera de intentar resolverlo a escala mundial, sino de buscar soluciones al menos en Europa: aquí un banco de cualquier país miembro de la UE puede operar en otro país de la UE, pero no tenemos supervisor único, ni, sobre todo, una autoridad común para la resolución de crisis bancarias. ¿Qué pasó con Fortis? Se dividió la entidad en dos: la autoridad holandesa reestructuró la parte del negocio asignada a Holanda, y en Bélgica se hizo lo mismo. La próxima vez que un banco grande con actividad en varios países, incluidos los nuevos países miembros de la UE, tenga problemas serios, ¿vamos a dividirlo por países para que cada autoridad nacional afronte la reestructuración? ¿Será posible en Rumania, o en Hungría? De nuevo, sería mucho mejor que tuviésemos un mecanismo de actuación definido antes. Porque, si no, tenemos que confiar en que los Gobiernos se sienten y logren un acuerdo en el fin de semana, que es lo que ocurrió con Fortis, para que los mercados no se hundan el lunes. Pero si el problema involucra a cuatro, cinco países, algunos están en la zona euro, otros no... ¿Podremos resolver eso con un acuerdo de fin de semana?

P. Usted mantiene que España tiene problemas de competitividad, que los salarios han crecido demasiado. Eso es difícil de entender aquí, donde buena parte de los trabajadores son mileuristas.

R. Rechazo que la discusión sobre competitividad se focalice sólo en reducir salarios, hay que mirar también a la productividad y a la relación con las normas del mercado laboral. En España es claro que hay un sistema dual. En los contratos temporales, ni los trabajadores ni los empresarios tienen incentivos para invertir en la mejora de la productividad. En el caso de muchos trabajadores fijos, tampoco, porque creen que si hay problemas, los despidos serán para los trabajadores temporales. Es el peor sistema para incentivar la productividad, y cambiar las reglas del mercado laboral ayudará a mejorar eso.

P. ¿Y a cambiar el modelo productivo?

R. En España, la construcción atrajo muchísimos recursos. Se debe facilitar que el mercado reasigne, a través de niveles salariales distintos, trabajadores a actividades con mejores perspectivas de futuro, y en eso la negociación colectiva no lo está haciendo bien. Es un proceso muy difícil, porque supone dejar tocar fondo a la construcción y a todo lo que tiene que ver con ese sector, para que el capital y la mano de obra vayan a otras actividades. -