Las medidas despiertan recelos entre los analistas

"Es la medicina que tenemos que tomar ahora, aunque quizá mejor hubiera sido esperar a ver las medidas que se adoptan en el conjunto del Estado". Así se expresaba ayer uno de los especialistas consultados por este periódico sobre las medidas fiscales de la Junta. "Demuestra que el Gobierno se ha dado cuenta de la gravedad de la situación", afirmó Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico, quien destacó que hubiera sido más deseable "un paquete de medidas más compacto", y puso como pega el que sean "demasiadas medidas" así como "la inseguridad jurídica" de que se planteen diferentes escenarios fiscales según en qué autonomía se tribute.

Por su parte, Joaquín Aurioles, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, calificó la medida como "sorprendente", y afirmó: "Imagino que la situación de déficit es tan precaria que era la solución más inmediata". Aurioles dijo que la coyuntura actual no es la mejor para subir los impuestos y calificó como imprescindible acometer una reducción de la Administración y del sector público empresarial. Este doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, califica, sin embargo, de "tremendamente grave" el daño que a la neutralidad del sistema fiscal español puede hacer que cada comunidad autónoma haga un uso diferente de su capacidad normativa para subir o bajar impuestos como el IRPF.

Documento corregido

De la misma manera, Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario y de La General, calificó las medidas de "obligadas", e insistió en la necesidad de que la Junta acometa un recorte de los "gastos públicos superfluos". Asimismo, planteó la posibilidad que se provoquen "escapismos fiscales" al gravar el IRPF de manera diferente a otras comunidades o "fuga de depósitos a otros lugares" con el gravamen a bancos y cajas.

Precisamente la modificación del tramo autonómico del IRPF suscitó un gran revuelo ayer, con graves acusaciones por parte del PP, después de que la Junta difundiese las cifras de los impactos que supondrántales medidas. En el citado documento se incluían la supresión de deducciones al impuesto que afectaban a todo tipo de rentas y, especialmente, a rentas medias y bajas, y no a las superiores a 80.000 euros como el PSOE insistía. Las cifras fueron corregidas posteriormente por otro documento que contenía igualmente la supresión de bonificaciones del impuesto a contribuyentes con rentas bajas.