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El fiscal culpa sólo a Mangouras de la marea negra y le pide 12 años de cárcel

El capitán "comprometió la seguridad" del 'Prestige' y "provocó el derrame"

El macrojuicio por la catástrofe del Prestige, la mayor causa por delito ambiental jamás instruida en España, se celebrará en A Coruña probablemente a finales de año, cuando se cumplan ocho años de la gigantesca y prolongada marea negra que tiñó de fuel desde la desembocadura del Miño, en la frontera con Portugal, hasta las costas francesas y británicas del Canal de la Mancha. Y aunque están llamados a sentarse en el banquillo cuatro personas, incluido el que era director general de Marina Mercante, José Luis López Sors (único representante del Estado imputado), todo el peso de las acusaciones recae, tanto para la fiscalía como para la inmensa mayoría de las 2.090 personas físicas y jurídicas personadas en este procedimiento, sobre el anciano capitán del petrolero que se accidentó el 13 de noviembre de 2002 frente a la Costa da Morte, en el finisterre español.

Hay más de 2.000 personas físicas y jurídicas personadas en el procedimiento

La indemnización solicitada subirá cuando el fiscal concluya su cálculo

El ministerio público solicita 12 años de cárcel para el capitán griego, Apostolos Mangouras, de 75 años de edad, el pago de una multa de 43.200 euros así como, junto a la aseguradora del buque, The London P&I, de una indemnización récord: a 2.233,76 millones de euros se eleva la cuantía inicial reclamada por el fiscal para compensar los daños causados por esta catástrofe. Al Estado español, le corresponderían 1.974 millones, mientras que al francés, junto con entidades y particulares, un total de 86,36 millones.

Se trata de una cifra provisional y que aumentará bastante cuando se inicie el juicio, dado que la Fiscalía aún no ha terminado de cuantificar e incluir en sus cálculos los efectos a largo plazo que provocó en el medio ambiente el accidente del petrolero cuando navegaba frente a Galicia cargado con 77.000 toneladas de fuel muy contaminante. Siguiendo un sistema de cálculo que se utilizó en el juicio en Estados Unidos por la catástrofe del Exxon Valdez, el fiscal no se limitó a sumar los gastos y perjuicios económicos que sufrieron particulares y administraciones (unos 2.300), sino también a cuantificar los efectos sobre el medio ambiente, aunque de momento sólo a corto plazo, del vertido que afectó a 1.900 kilómetros de costa, una decena de espacios naturales de protegidos y numerosas especies de la flora y la fauna.

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda que el viejo petrolero perdió 55.525 toneladas antes de hundirse, el 19 de noviembre tras seis días de errática travesía frente a Galicia. Y destaca que se sucedieron varias mareas negras en las semanas siguientes. "A partir de enero-febrero de 2003, la llegada de fuel fue más o menos continua durante cuatro a seis meses".

La fiscalía reclama que el capitán pague el total de esa indemnización millonaria junto con, en calidad de responsable solidario, la aseguradora británica, la única solvente del entramado empresarial del viejo petrolero con bandera de las Bahamas, propiedad de una entidad de Liberia (Mare Shipping) y con armador griego (Universe Marine). El Ministerio público pide que estas dos empresas sean declaradas responsables subsidiarias si es condenado el capitán.

Mangouras, que cumplió 83 días de cárcel en A Coruña cuando ocurrió el accidente por ser acusado de desobediencia por las autoridades españolas, habría cometido, según el fiscal, sendos delitos contra el medio ambiente y espacios naturales protegidos. Para la fiscalía, toda la culpa recae en el anciano capitán: "Tenía pleno conocimiento de los riesgos que asumía cuando tomó el mando del Prestige", un barco de 26 años con múltiples deficiencias que Mangouras, acusa el fiscal, logró ocultar en una inspección previa a su última y fatídica travesía. El capitán está además acusado de hacer caso omiso de los avisos meteorológicos de temporal. "Comprometió la seguridad del buque, puso en peligro la tripulación durante el colapso, obstruyó las operaciones de salvamento marítimo y provocó el derrame de fuel".

Como la fiscalía, las cofradías o el Estado francés, entre otros, también concentran sus acusaciones sobre la persona del capitán. Sólo Izquierda Unida y la plataforma Nunca Máis reclaman también penas de cárcel para el único representante del Estado imputado, López Sors. Fue la Audiencia provincial de A Coruña, que juzgará este caso, la que decidió sentar en el banquillo al ex alto cargo de Fomento al considerar que había "indicios racionales de criminalidad" en el rumbo que se impuso al viejo petrolero herido y perdiendo miles de toneladas de fuel.

Alejarlo de la costa en medio de un fuerte temporal "fue un error clamoroso", consideró la Audiencia en un auto con abundantes críticas al "desacierto en la gestión de la crisis" por parte del entonces Gobierno de José María Aznar. También están imputados el jefe de máquinas y el primer oficial del Prestige, aunque nadie sabe de su paradero desde hace años.

Macrojuicio en cuatro idiomas

Si larga, compleja y enmarañada fue la instrucción durante ocho años de la catástrofe del Prestige en el pequeño y casi sin medios Juzgado de Instrucción número uno de Corcubión, la celebración del macrojuicio se anuncia también costosa y complicada debido a los numerosos medios técnicos y personales que habrá de desplegar la Audiencia de A Coruña. Aún está buscando un espacio en la capital provincial lo suficientemente amplio para acoger la vista oral en la que están personadas 2.090 partes, además de 2.300 perjudicados que reclaman por la vía civil.

Están llamados a declarar decenas de testigos, muchos residentes en otros países, en un juicio que deberá desarrollarse en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y griego). La fiscalía ha pedido que parte de esos interrogatorios se puedan realizar a distancia, mediante videoconferencias lo que permitirá recortar gastos de viajes y estancias, además de imprevistos en los desplazamientos de testigos que puedan retrasar el desarrollo de la vista oral.

A 266.650 folios, agrupados en centenares de tomos, asciende el abultado sumario de este procedimiento en el que actúan, además de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, más de 70 abogados, letrados de la Xunta y de la Diputación provincial de A Coruña, así como nueve procuradores. El Estado francés y ocho municipios del país vecino están también personados en la causa. Se esperan además decenas de representantes de los medios de comunicación para cubrir un juicio que se anuncia largo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de junio de 2010

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