Las preguntas de José Bové

¿Cómo se combate la volatilidad del precio del trigo? ¿Cómo garantizar un reparto equitativo del valor añadido de una bandeja de limones entre todos los implicados en la cadena alimentaria? ¿Cómo conciliar unos ingresos mínimos para los productores de naranjas sin violar las normas de la libre competencia? ¿Se debe garantizar la soberanía alimentaria de la Unión Europea? José Bové, el ganadero francés que se convirtió en símbolo del movimiento contra la globalización cuando participó en la destrucción de un restaurante McDonald's en 1999, formuló ayer en Valencia las preguntas que afronta la Unión Europea en materia de política agrícola.

Bové dejó las preguntas en el aire en un foro del Comité Económico y Social de la Unión Europea (CESE) organizado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) que intenta conciliar las estrictas normas de libre competencia con la garantía de unos ingresos mínimos para los agricultores, el eslabón más débil de la cadena alimentaria.

Los distribuidores cargan contra los beneficios de la industria alimentaria

La fórmula mágica sobre la que trabajan en conjunto productores, distribuidores y fabricantes no va más allá de un código de buenas prácticas que garantice la transparencia de la cadena comercial.

Cristóbal Aguado, presidente de AVA, celebró como un éxito que la comisión europea "ya tiene sobre la mesa" propuestas para garantizar "unos ingresos mínimos a los agricultores". No ya una garantía de renta mínima, que vulneraría las normas de competencia, sino fórmulas para asegurar que los productores apegados al terreno "no arriesguen el 100% de su inversión".

El francés Xavier Durieu, representante de los comerciantes, grandes, medianos y pequeños, apuntó que los grandes distribuidores como Carrefour o Mercadona trabajan con márgenes de beneficio que oscilan entre el 2% y el 4% mientras que los grandes fabricantes de productos alimentarios, como Nestlé o Danone, se mueven en un margen de beneficios entre el 15% y el 25%.

José Miguel Herrero, subdirector general de Estructura de la Cadena Alimentaria, defendió el sistema de supervisión de precios que ha desarrollado el Ministerio de Agricultura y una herramienta para estimar cómo se agrega el valor a los productos agrícolas. Herrero anunció que la ley de calidad agroalimentaria introducirá una versión española del código de buenas prácticas entre todos los implicados en el tránsito de las alcachofas desde la planta hasta el expositor del supermercado.

Y Pedro Barato, presidente de la asociación de agricultores, Asaja, expresó su exasperación por la lentitud en la toma de decisiones por parte de Bruselas.

Aguado redondeó: "La Unión Europea sigue siendo un club de mercaderes que defienden sus intereses".

El CESE tiene previsto elevar una propuesta a la Comisión Europea en septiembre.