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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Construcción indiscriminada

Hace unos días (28-5-2010) mi colega y amigo el profesor López de Lucio publicaba en estas páginas una carta al director referida a la burbuja inmobiliaria. En ella se glosaba un artículo de José Ignacio Torreblanca (24-5-2010) sobre prioridades en el gasto público. Al hilo de esas dos aportaciones quisiera añadir algunas observaciones sobre la falta de criterios de racionalidad en las asignaciones presupuestarias de las (mal) llamadas infraestructuras en nuestro país, algo que destaca en tiempos de crisis, pero que, de suyo, es un problema endémico de nuestras administraciones.

Veamos un ejemplo entre otros muchos: quien transite hoy por la autovía A-2 podrá constatar las modificaciones de trazado que se realizan en algunos tramos de la provincia de Guadalajara; donde, con gran destrozo paisajístico (¿a quién le importa eso?), se corrigen curvas por las que los vehículos circulan ahora a 140 kilómetros por hora. Si, como todo el mundo sabe, el límite de velocidad en autovías es de 120 Km/hora, ¿qué justificación racional puede aducirse para realizar tales rectificaciones del trazado?

Un segundo ejemplo lo encontramos en las proximidades de Soria, junto al yacimiento arqueológico de Numancia, paraje emblemático donde los haya. Aquí han comenzado las obras faraónicas, y en cuanto tales inviables, de la paradójica Ciudad del Medio Ambiente, dado que se trata de una intervención muy lesiva precisamente para el medio ambiente y el paisaje. Además, la operación ha sido tramitada por la Junta de Castilla y León mediante una ley ad hoc para recalificar como urbano un suelo especialmente protegido.

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Según la prensa local se piensan invertir más de 500 millones de euros y ya han sido habilitados 52 millones solo para perpetrar la urbanización (red viaria y conducciones) del llamado sector 1. Compárense estas cantidades con las que pretende ahorrar el Gobierno con recortes presupuestarios de ámbito estatal en ciertas prestaciones sociales.

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