Así no, señor conseller

El ajuste de la inversión pública en infraestructuras contenido en el programa de reducción del déficit público puesto en marcha por el Gobierno de España ha abierto un interesante debate sobre en qué invertir, dónde y cuándo, dado que el cuánto se va a reducir para los próximos años será de, aproximadamente, un 30% respecto de lo que ha sido el año 2009. Interlocutores cualificados, con el ministro Blanco en primera línea, han expresado sin complejos, pero con un gran sentido de la responsabilidad, sus razones y propuestas para encarar el futuro sin los apoyos de los fondos estructurales europeos. En esta materia cabe destacar dos recientes contribuciones. Por un lado, la del profesor Gregorio Martín que, en un artículo recientemente publicado en este mismo periódico, aboga por un consenso valenciano acerca de las grandes prioridades ferroviarias y, por otro, la del conseller Mario Flores, que ha reclamado recientemente participar en la definición de las prioridades que realice el ministerio. Nosotros estamos de acuerdo con requerir dicha participación, pero me gustaría que el conseller también la ofreciera en su propia casa y que abandone su poco fundamentado victimismo, su ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, que no predispone a una sincera colaboración.

¿Qué prioridad cabe exigir a los demás si no está presupuestariamente entre las nuestras?

Se queja el conseller del ajuste presupuestario del Gobierno de España y sus eventuales consecuencias sobre el crecimiento futuro, pero él sabe que la Generalitat lleva ya tres años con el presupuesto reajustado de hecho, aunque públicamente no tenga la valentía de reconocerlo, con lo que ello comporta de consecuencias negativas para el crecimiento económico y la generación de empleo, así como la negativa afección a las empresas de obra pública a las que debe 1000 millones.

Azuza también el agravio comparativo del AVE de Valencia con el de Málaga, muy propio de los complejos del presidente de la Generalitat. ¿No sabe el conseller que el Gobierno Aznar puso el AVE de Valladolid y de Málaga por delante del de Valencia sin que Generalitat ni Ayuntamiento hicieran público el mínimo reproche? ¿No sabe que entre esas dos líneas suman exactamente los mismos kilómetros que la línea de Madrid a Valencia, con lo que se pone de manifiesto que si la prioridad en 1998 hubiera sido Valencia, habríamos tenido la línea en 2007?

Alerta el conseller de que está en riesgo el objetivo de Alicante 2012. ¿No tendrá ello nada que ver con la falta de compromiso de la Generalitat y del Ayuntamiento de Alicante con la sociedad AVANT? Ni se presupuestan las aportaciones comprometidas en convenio, ni se avala la financiación de la estación provisional de Alicante. ¿Qué prioridad cabe exigir a los demás si no figura presupuestariamente entre las nuestras?

En la colección de argumentos victimistas el conseller ha llegado a decir que la inversión del Estado nunca ha alcanzado el porcentaje de PIB que representa la Comunitat. Pues bien, según los datos de la Cámara de Contratistas, en el período 2004-2008 el porcentaje de inversión licitada del Gobierno de España en la C.V. ha sido el 11,7% (con una punta en 2005 del 18,2%), por tanto superior a la contribución de nuestra comunidad al PIB de España (algo menor del 10%). Por el contrario, en el período 98-2003, época del Gobierno de Aznar, la inversión licitada del Estado apenas alcanzó el 8,3%, es decir, por debajo del PIB.

Justifica el conseller sus peticiones al Estado en que él -el conseller- no puede invertir. No se lo reprocho ya que cuando llegó a la consejería no solo se la habían fragmentado sino que le dejaron las competencias con menor dotación presupuestaria. Quizá por ello sus esfuerzos se han centrado únicamente en publicar la segunda edición del Plan de Infraestructuras Estratégicas. Saludable por lo que tiene de planificación territorial a largo plazo, el PIE es discutible en algunas de sus líneas de acción, irreal en sus escenarios presupuestarios y, sobre todo, hace creer a las empresas de obra civil -aunque no lo pretenda- que la fiesta sigue y "que habrá para todos", dificultando así el cambio de modelo productivo que necesita la Comunidad Valenciana que conllevará la reducción del peso de la construcción en la economía, porque no hacerlo así entorpecería la reorientación de recursos hacia las otras actividades en las que los valencianos tendremos que ganarnos la vida de ahora en adelante.

En resumen, estamos de acuerdo en reclamar la participación de la Generalitat en la definición de las prioridades de Fomento, pero también hay que ofrecerla en casa y no predisponer negativamente con un victimismo poco fundamentado, porque desde el PSPV estamos dispuestos a generar un amplio consenso que señale las prioridades que en materia de infraestructuras -tanto estatales como autonómicas- necesita la Comunidad Valenciana, que reoriente el modelo seguido hasta ahora y que asiente realmente las bases de una mayor competitividad de la economía valenciana con la mirada puesta en su pronta recuperación.

Francesc Signes i Núñez es diputado del PSPV y portavoz de Infraestructuras en las Cortes Valencianas.