Andalucía presiona con la dependencia

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, lleva meses demandando un cambio en los criterios de reparto de los fondos estatales para la ley de Dependencia. Su petición llegará hoy al Parlamento andaluz, que debatirá una proposición no de ley del PSOE para que el Consejo de Gobierno inste al Gobierno central a un cambio en el modelo actual.

La iniciativa de los socialistas pasa por que, en los próximos años, los fondos se distribuyan en función de las personas realmente atendidas y no de la previsión de personas potencialmente dependientes, que es como se hace ahora.

Además, el PSOE andaluz pide que en los criterios de reparto prevalezca sobre la prestación económica el hecho de que la persona sea atendida por un servicio; y que para el año 2010, el 50% del fondo estatal ya se reparta según las personas realmente atendidas.

La ley de Dependencia ha cumplido tres años y Andalucía está a la cabeza de personas atendidas. La comunidad, con 204.000 prestaciones concedidas, aglutina el 31,6% del total nacional, un porcentaje que casi duplica el peso poblacional de Andalucía, que es del 17%. Dichas prestaciones llegan a 150.000 personas (algunas reciben más de una ayuda simultáneamente), lo que supone el 30% de las personas que están recibiendo prestación en España. De estos beneficiarios, 48.400 personas reciben en Andalucía dos o más tipos de asistencia de las que contempla la ley de Dependencia, lo que supone que el 53% de los que reciben más de una ayuda en España son de Andalucía.

Por eso el Gobierno andaluz cree que el sistema, tal y como funciona ahora, perjudica a las comunidades más cumplidoras. En teoría, las prestaciones deben financiarse al 50% entre el Gobierno central y cada autonomía, pero, en la práctica, Andalucía acaba poniendo un porcentaje muy superior al que pone el Estado. Con el modelo actual se da la paradoja de que las comunidades con más personas atendidas reciben menos euros por beneficiario (ver gráfico) que las que atienden a menos.

La intención del PSOE es llevar la aprobación de la iniciativa que hoy se debatirá en el Parlamento a la reunión prevista el próximo 1 de junio entre el Gobierno central y las comunidades para abordar la financiación de la Dependencia. "Es lógico que al inicio de la aplicación de la ley se trabaje con previsiones a la hora de establecer criterios de reparto e el nivel acordado. Hoy, una vez transcurridos tres años del inicio de su aplicación, se hace necesario que los criterios de reparto se adapten a las personas realmente atendidas", recoge el texto que el PSOE ha presentado a la Mesa del Parlamento. La Junta destinó el año pasado más de dos millones de euros diarios a la atención a la dependencia.