La Iglesia apela al catastro para justificar que no regaló una casa

Para contradecir la tesis del juez, la policía y el fiscal de que la Casa Rectoral de Paraños vendida por el Obispado de Tui a Carlos Gómez-Gil, uno de los cerebros de la trama, por 60.000 euros no fue una "dádiva" o una forma de agradecer los "favores prestados" por el funcionario a la Diócesis en forma de subvenciones, el Obispado de Tui ha recurrido al catastro. La diócesis acaba de presentar en el juzgado un documento según el cual la propiedad enajenada tiene un valor catastral de 32.384,45 euros.

El juez ha incorporado ese informe a la causa, pero ha decidido pedir otra tasación a peritos independientes para dictaminar el valor de la propiedad a precios de mercado de 2008, en que fue enajenada por la Iglesia, a pesar del rechazo de los vecinos de Paraños, que habían mantenido la casa rectoral con su esfuerzo y dinero, según considera probado el propio juez. Antes incluso de que Gómez- Gil afrontase el primer pago, de 10.000 euros, a la Iglesia, el inmueble apareció ofertado en Internet por 680.000 euros.

La Diócesis también ha remitido un informe pericial al juez, elaborado por un constructor, que certifica que Gómez- Gil habría invertido entre 140.000 y 150.000 euros para remozar la casa que ahora cuenta con piscina exterior. El juez rechaza este peritaje por no considerarlo esencial para dilucidar los delitos que investiga. Varias firmas de rehabilitación a las que la trama le adjudicó contratos han reconocido haber trabajado para Gómez-Gil en la reforma de la casa, bien de forma gratuita o a precios muy por debajo de los habituales en el mercado.