El Consell gastará 30 millones en un plus para 17.000 funcionarios

Un proyecto del Consell que empezará a debatirse hoy en el pleno de las Cortes, la futura Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, propiciará un aumento de las retribuciones de unos 17.000 empleados de la Administración autonómica. La norma, fruto del acuerdo firmado en febrero de 2008 por el Consell que preside Francisco Camps con los sindicatos de la Función Pública (a excepción de la Intersindical Valenciana) y pactada casi literalmente con las federaciones sindicales, amplía a los trabajadores de la Administración general el plus de carrera profesional del que ya gozan los empleados de la Sanidad pública. La aplicación del plus supondrá un coste de unos 30 millones de euros a las arcas públicas, aunque la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha señalado en varias ocasiones que "habrá que ir adaptando los plazos a la realidad económica". De hecho, el Consell ha retrasado la efectiva promulgación del decreto de retribuciones que haría posible su aplicación, mientras otros gobiernos autonómicos en situaciones similares optaban por anular acuerdos de este tipo ante la situación de crisis económica y de reducción de los recursos públicos.

Ángel Luna cree que las Cortes no son competentes para este debate

Gerardo Camps baraja un recurso por la restricción a los ayuntamientos

El portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que atacó ayer con dureza a José Luis Rodríguez Zapatero por sus medidas de recorte ante la crisis, alegó que la inmensa mayoría de los funcionarios son "mileuristas" ya que se sitúan en la franja baja de retribuciones, consideró "incalificable" que se les castigue y defendió la "mejora de sus retribuciones, independientemente de las medidas de austeridad". El complemento de carrera profesional supondrá para un funcionario del grupo A-1 un plus de 12.000 euros anuales.

Blasco no quiso pronunciarse sobre el sentido del voto de los diputados valencianos del PP en el Congreso ante las medidas de ajuste que ha propuesto el presidente Zapatero, pero defendió el pleno extraordinario que celebrarán mañana las Cortes Valencianas para debatir "la efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno de la nación".Tras asegurar que Zapatero "vive en un delirio continuo", Blasco criticó "los efectos del recorte de derechos sociales" y aseguró que el plan de ajuste ha cosechado "el rechazo mayoritario de la sociedad española".

El portavoz socialista, Ángel Luna, por su parte se quejó de que se realice el debate de medidas del Gobierno en el Parlamento autonómico. "El PP valenciano no tiene confianza en cómo su grupo va a afrontar el debate en el Congreso de los Diputados", dijo Luna, quien cree que el PP "pretende que [el debate]se lleve paralelamente en el pleno de las Cortes Valencianas aunque no tengamos competencias para ello".

Así, hoy se inicia el debate de la futura ley de la función pública y mañana, tras la sesión de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se debatirá sobre la política española contra el déficit público. Entre una cosa y otra, los socialistas defenderán una proposición no de ley de medidas "para estimular la actividad económica". La ley que amplía los complementos retributivos a los funcionarios será defendida por la consejería Sánchez de León y el diputado del grupo Compromís Josep Maria Pañella planteará una enmienda a la totalidad. La petición de Compromís de devolver el texto al Consell tiene su argumento fundamental en el hecho de que el proyecto no prevé la exigencia del requisito lingüístico, es decir, del conocimiento del valenciano, a los empleados de la Administración autonómica.

En el contexto de la polémica por los criterios de ajuste propuestos por el presidente del Gobierno de España, el portavoz popular anunció que su grupo propondrá reducir los sueldos de los parlamentarios y las asignaciones de los grupos en un 15%, lo que supondrá un ahorro de un millón de euros anuales para las Cortes Valencianas, según sus cálculos. Blasco se había mostrado reticente a ese recorte la semana pasada y había reclamado que desde el Gobierno se propiciara una equiparación de los salarios de los representantes de todos los parlamentos de España. En opinión de Blasco, cualquier comparación revelará que la valenciana es una administración que se ha mantenido "por debajo incluso de lo que es la media de retribuciones a nivel del Estado".

En relación con la limitación de la capacidad de los ayuntamientos de suscribir préstamos, el vicepresidente económico de la Generalitat, Gerardo Camps, tras su reunión ayer con el presidente Francisco Camps, los alcaldes de las tres capitales valencianas y la presidenta de la FVMP, Elena Bastidas, explicitó el apoyo del Consell a los municipios y adelantó que los servicios jurídicos estudiarán un recurso contra el real decreto del Gobierno que prohíbe a los alcaldes endeudarse en 2011. Camps aludió a la presentación de un recurso por la vía del contencioso-administrativo e incluso un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

"La Generalitat estará al lado de los ayuntamientos, con planes como el Confianza, que prevé una inversión de 1.020 millones de euros en los consistorios este año y el próximo", dijo el vicepresidente económico.

El propio Blasco se había referido a este tema en su comparecencia posterior a la junta de portavoces de las Cortes Valencianas. "Debe haberse dado cuenta de que era un despropósito de consecuencias nefastas", señaló de la "corrección" de última hora efectuada por el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero para permitir que durante 2010 todavía puedan los ayuntamientos formalizar créditos a largo plazo.

Desde la oposición, el drástico ajuste para hacer frente a la crisis económica internacional será planteado mañana en la sesión de control directamente a Camps. El portavoz de Compromís, Enric Morera, preguntará al presidente de la Generalitat "¿qué medidas piensa adoptar el Consell para que no se aplique a la Comunidad Valenciana el decreto de recorte social impulsado por el Gobierno de España?".

El vicepresidente Camps aseguró que empleará su competencia para autorizar determinados niveles de endeudamiento en beneficio de los consistorios valencianos.