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La mala fe del mito en torno al PER

No es la ignorancia, sino el interés, lo que guía a los que atacan a Andalucía usando el subsidio agrario como argumento. El interés de ganar votos usando el manido tópico de la Andalucía subsidiada y, por ende, de voto cautivo. Es lo que hacen con sospechosa periodicidad los líderes de la derecha española o los nacionalistas catalanes cuando hablan de que el Gobierno hace con los andaluces "pitas, pitas" (Esperanza Aguirre) o nos acusan de tener el voto cautivo por medio del subsidio agrario (Josep Antoni Duran i Lleida). El portavoz de CiU en el Congreso ha propuesto un debate para revisar la vigencia del PER con el argumento de que la crisis hace necesario ahorrar mediante el recorte del subsidio agrario.

No seré yo quien rehúya el debate si este se hace sobre bases serias y utilizando datos contrastados, no lugares comunes e intereses electorales ocultos. Pongamos los datos encima de la mesa. Para empezar, el subsidio agrario es un derecho que adquieren los trabajadores agrarios eventuales mediante la cotización a la Seguridad Social, lo mismo que cualquier otro empleado.

El PER no es una especie de beneficencia, como quieren hacer creer al resto de la población (algunos se atreven a llamarla sopa boba) y ni siquiera supone un montante económico inasumible. Sepan Aguirre y Duran i Lleida que el subsidio agrario apenas alcanza el 1,8% de todas las prestaciones por desempleo en España. En 2007, el desempleo de los trabajadores agrarios andaluces supuso 56 millones de euros, cifra que este año ha bajado a 52 millones. El peso relativo del subsidio agrario respecto del resto de prestaciones por desempleo se ha reducido del 5,12% al 3,92%.

Desde el inicio de la crisis ha descendido un 9,3% el número de beneficiarios en el campo, frente al crecimiento del 28,7% de los perceptores de otras prestaciones de desempleo, la mayoría de ellos en territorios como Cataluña y Madrid. Con la crisis, las prestaciones por desempleo se han incrementado en Cataluña un 144%, lo que supone 43 puntos por encima del registrado en Andalucía. Si la comparación la hacemos con Madrid, donde ha aumentado el 133%, la diferencia de crecimiento es de 32 puntos. En Valencia, el incremento ha sido del 192%. En Andalucía el aumento ha sido del 101%, aunque este dato no obvian la derecha española y los nacionalistas de otras comunidades.

¿Actúan así por ignorancia? No puedo creerlo. Duran i Lleida y Esperanza Aguirre, como otros que antes enarbolaron la misma bandera engañosa, son personas perfectamente informadas y asesoradas. Su obligación es conocer bien la realidad de este país o, de lo contrario, estarían cometiendo un fraude político ante sus electores. Bien informados se muestran cuando esgrimen el dato de que este año se ha rebajado de 35 a 20 las peonadas necesarias para acceder a la prestación. Lo que callan es que se hizo para atender la escasez de trabajo agrario provocada por el invierno de temporales continuos que hemos sufrido.

Por lo tanto, solo cabe la posibilidad de que les guíe el interés. Tal vez porque suponen que ese discurso, que ellos mismos crearon, propagaron y avivan cuando les parece útil, tiene eco en determinados sectores de la población y en foros mediáticos de la capital madrileña. Y puede que lo tenga, pero a costa de la mentira y del enfrentamiento entre habitantes de las comunidades autónomas. Dice Duran i Lleida que el PER tuvo su justificación histórica por "cierto expolio" de que fue objeto Andalucía en el pasado. Se equivoca el dirigente de CiU: el PER no viene a compensar una injusticia del pasado, que existió, sino a reconocer un derecho adquirido por quienes cotizan por cada día trabajado en tareas agrarias.

Además de tendencioso e insultante (ni la dignidad ni el voto de los jornaleros andaluces están en venta) el reiterado discurso contra el subsidio agrario no va a impedir que el Gobierno andaluz siga defendiendo su vigencia por razones de justicia y de utilidad social. ¿Acaso pretende Duran i Lleida que la cotización de los jornaleros no genere derecho a ninguna prestación por desempleo? Seguro que no es esa su intención. La utilidad social del PER es algo que ya ni siquiera la derecha andaluza se atreve a cuestionar. Sin el subsidio agrario, los campos de Andalucía y Extremadura habrían sufrido un empobrecimiento gravísimo, con el consiguiente despoblamiento de extensas zonas. De forma simultánea, el movimiento migratorio habría agravado los problemas en las grandes ciudades.

Ni siquiera se puede decir que sea caro, como aducen sus detractores. Cataluña percibirá este año un montante de dinero para prestaciones de 506 millones de euros, que supone proporcionalmente a su población una inversión media de 79,7 euros per cápita. Andalucía, con 507 millones, recibe basándose en su población 68,9 euros per cápita. ¿Habría sido más barato dejar a su suerte a los habitantes del campo andaluz? Estoy seguro de que el coste económico, no digamos el social, habría sido enormemente mayor. Además, entre los perjudicados se contarían los industriales del norte que habrían visto muy mermado el mercado para sus productos. Los dirigentes de la derecha y los catalanistas harían bien en centrar sus esfuerzos en buscar soluciones a los problemas que tienen allí donde gobiernan y dejar de levantar cortinas de humo creyendo que así dejarán de verse sus carencias y engañarán a incautos votantes.

Manuel Recio es consejero de Empleo de la Junta de Andalucía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 25 de mayo de 2010.

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