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Reportaje:Primer plano

Ahora les toca a los más ricos

El Gobierno busca fórmulas para que las rentas altas paguen el segundo ajuste fiscal

El caos fiscal que viven los grandes países ha desdibujado las señas de identidad de sus gobernantes. Reino Unido, más reacio a lo público que la Europa continental, ha subido el IRPF, las cotizaciones sociales y el IVA para combatir los desequilibrios, mientras Alemania ha tenido que dejar en suspenso su prometida rebaja fiscal. España, con un Gobierno teóricamente más proclive a aumentar los ingresos que a reducir drásticamente el gasto, se ha desmarcado de otros países acuciados por la austeridad con una propuesta que olvida mirar hacia las rentas altas para cuadrar las cuentas. Consciente de esa paradoja, el Ejecutivo se ha apresurado a prometer un segundo ajuste, esta vez dirigido a "los que más tienen", según la terminología de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno intenta ahora traducir a cifras esa difusa categoría.

Economía intenta ahora definir con cifras quiénes son "los que más tienen"

Moncloa ha ofrecido una pista: aplicar de nuevo un tributo sobre el patrimonio

Otra opción sería gravar más al tramo superior del IRPF

Mucho menos coste político plantea la subida de los impuestos especiales

La tributación de las rentas de capital también está en el punto de mira

Las Sicav generan controversia por la fiscalidad ventajosa de sus beneficios

Ausente del intenso debate fiscal está elevar la tributación de la banca

La adopción de más medidas dependerá de la respuesta de los mercados

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Para orientar el debate, Moncloa ha ofrecido una primera pista de quiénes deben tentarse el bolsillo: los poseedores de patrimonio. Pocos meses después de reconocer que fue un error eliminar el impuesto de patrimonio, hace ahora dos años, la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, trabaja ahora para recuperar una figura similar que como respuesta al esfuerzo exigido a funcionarios, pensionistas y dependientes.

Recuperar el antiguo tributo, que en 2007 pagaba casi un millón de personas, sería sencillo, pues ya está creada toda la estructura, pero el Ejecutivo parece querer corregir las deficiencias del anterior y eximir de su pago a las rentas medias, con un volumen de patrimonio elevado a partir del cual habría que pagar. Si se improvisa en pocas semanas, el riesgo es que el tributo esté mal diseñado y no logre recaudar los 2.121 millones que se obtenían con el extinto impuesto de patrimonio. "Sería importante que no se improvisara. El sistema fiscal tiene que ser eso, un sistema; lo que se hace en un impuesto afecta a los demás", recuerda Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza.

Con matices, los expertos consultados abogan por recuperar esta figura como fórmula más plausible para repartir los sacrificios que exige el momento. También una muy ligada a ésta, el impuesto de sucesiones, aún en vigor pero muy desvirtuado ya por la competencia fiscal en la que se han embarcado las comunidades autónomas, que ha llevado a muchas a eliminarlo prácticamente del mapa fiscal. López Laborda, experto en redistribución fiscal y autor de un estudio que recomienda modernizar el tributo y fijar unos mínimos de obligado cumplimiento, se muestra pesimista sobre su futuro: "No sé si estamos ya a tiempo de hacer nada".

Otro trabajo de la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Laura de Pablos insiste en este argumento: Tanto patrimonio como sucesiones "deberían ser objeto de una profunda revisión que culminase en reformas que mejorasen considerablemente su funcionalidad. Además, deben contar con el interés de los gestores", asegura en una publicación del Instituto de Estudios Fiscales.

El problema es que Hacienda ha perdido bastante interés por los dos tributos que gravan la riqueza en los últimos años, pues la recaudación está totalmente cedida a las comunidades autónomas. Pero ahora que los desequilibrios de cada administración cuentan para determinar la credibilidad fiscal del conjunto del país, Economía vuelve la vista hacia esas fuentes de recursos.

Hay otras fórmulas para las rentas altas, aunque resulten más controvertidas. La más evidente es aumentar la fiscalidad sobre el último tramo del IRPF, ahora gravado con un 43%. "Aquí es bien fácil recaudar más, pues son rentas que no tienen posibilidad de deslocalizarse

[como sí lo puede hacer una empresa a la que le subes los impuestos]; muchos son trabajadores con salarios altos que pagarán lo que se establezca", explica Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales.

El problema viene al determinar si ésas son de verdad las rentas altas sobre las que se quiere poner el foco. Porque la simplificación a la que los diferentes Gobiernos han querido someter el impuesto sobre la renta ha llevado a que ese mismo tipo del 43% se aplique sobre toda renta que exceda los 53.407 euros anuales, ya sean 70.000 o 700.000. La diferencia es que con ese primer ingreso el gravamen máximo sólo se aplicaría a los últimos euros y con el segundo, a la mayor parte de la renta.

Una solución para incidir sobre los más acaudalados sin tocar las rentas medio-altas consiste en crear un nuevo tramo en el IRPF. Es lo que ha hecho Reino Unido, que grava con un 50% todo ingreso que exceda de 150.000 libras (unos 172.000 euros). Con ser equitativa, esa mayor presión sobre rentas muy altas plantea un dilema moral: cualquier aumento de la fiscalidad en el IRPF supone insistir sobre la principal base del sistema tributario: los que ya pagan. Porque los declarantes de este impuesto son los que menos ingeniería fiscal tienen a su alcance y, por tanto, los principales contribuyentes a las arcas públicas.

"No todo ha de ser subir impuestos a los que ya pagan. Y si se ha de hacer, que se haga selectivamente: a los que reciben ayuda pública, condicionarles la retribución de directivos y consejeros. Al resto, penalizar la distribución de dividendos que resultan de mayores apalancamientos [endeudamiento] hoy fiscalmente deducibles", propone Guillem López-Casasnovas, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Mucho menos coste político plantea la subida de impuestos especiales (gravan el consumo de alcohol, tabaco, gasolinas...). Fue ahí donde el Gobierno comenzó su giro fiscal el año pasado, cuando, tras múltiples bajadas de impuestos, elevó la fiscalidad sobre el tabaco y los hidrocarburos para intentar paliar los desequilibrios fiscales. España dispone de margen para incrementarlos, pues se encuentra en la parte baja de la horquilla europea en este terreno. "A largo plazo, sería mejor subir los impuestos indirectos: los especiales y el IVA", recomienda Vito Tanzi, ex director de Asuntos Fiscales del FMI. Este experto en fiscalidad internacional duda de que el Gobierno acometa estas medidas a corto plazo (ya ha tocado las dos piezas y el nuevo IVA aún no ha entrado en vigor) y aboga más por un gesto en las rentas altas. Tanzi subraya la importancia de los gestos en fiscalidad: "Para reducir el déficit y para indicar que el ajuste es compartido de forma amplia y justa".

También se inclina por los indirectos Luis de Guindos, secretario de Estado de Economía con el Gobierno de José María Aznar. El argumento es que tienen mayor capacidad recaudatoria y ofrecen menos posibilidades de evasión, al menos entre particulares, pues hay un fraude organizado de IVA de gran magnitud en la Unión Europea. Este experto, ahora director del Centro del Sector Financiero del Instituto de Empresa y PriceWaterhouseCoopers, subraya un mensaje: "Lo peor de todo es montar lío y generar incertidumbre". La situación actual requiere mensajes claros que den seguridad a inversores y consumidores para reflotar la economía, aduce.

Con ese argumento de no ahuyentar la inversión, algunos expertos se muestran reticentes a desandar el camino emprendido en el impuesto de sociedades, que se bajó por primera vez en los años 2007 y 2008. López Laborda recuerda que las empresas suelen fijarse en el tipo nominal del impuesto de sociedades -aunque el real sea más bajo- para decidir dónde se afincan. "Lo que tenga que ver con el capital da mucho miedo porque la reacción de los inversores es instantánea", sugiere.

Otros analistas rechazan preservar este statu quo en el impuesto que grava el beneficio empresarial. Antoni Durán-Sindreu, profesor de la Pompeu Fabra y socio director de Durán-Sindreu, Abogados y Consultores de Empresa, proponía hace una semana, en estas mismas páginas, introducir cierta progresividad en el tributo, de forma que las empresas con más capacidad de generar recursos paguen más, especialmente las cotizadas. En la actualidad existen dos tipos: el 30% general y el 25% para las pymes. Para evitar las prácticas pseudolegales consistentes en que individuos sin actividad empresarial aparente constituyan sociedades para gestionar sus fortunas y pagar menos al fisco, Durán-Sindreu aboga por crear un último tipo en el impuesto de sociedades, equiparable al máximo del IRPF, aplicable a esas sociedades ficticias.

Más allá de los cambios legales, en el impuesto de sociedades hay un caladero más sencillo donde buscar recursos: las deducciones que se aplican anualmente las empresas. Esos beneficios fiscales que se conceden a las compañías, principalmente por reinvertir sus beneficios pero también por destinar dinero a I+D y otros conceptos, cuestan cada año más de 3.000 millones de euros, el doble de lo que supondrá congelar las pensiones en 2011. Revisar esos beneficios fiscales tiene sentido cuando los aplicables a particulares por la compra de vivienda, la popular deducción, desaparecerán el año próximo para la mayor parte de las nuevas adquisiciones.

Al hablar de obtener más recursos para enderezar las arcas públicas, es inevitable fijarse en cómo tributan las rentas del capital. El Gobierno socialista consolidó un sistema dual ya diseñado por el Ejecutivo de Aznar según el cual las rentas del trabajo tributaban en la tarifa general (entre el 24% y el 43%) y las del capital, a un tipo único del 18%, tres puntos superior al que había hasta ese momento. El motivo era el esgrimido otras veces: si los peajes al capital son más altos, la tentación de huir a otros países será mayor. Los apuros de la crisis llevaron al departamento que dirige Elena Salgado a introducir cambios también en este terreno, con un mínimo de progresividad: el tipo es del 19% para los diferentes productos del ahorro (dividendos, intereses de cuentas, de depósitos, seguros...) hasta 6.000 euros y del 21% para los que superen esa cantidad.

Esa regulación, para algunos expertos, es insuficiente. "Habría que ser muy inteligentes fiscalmente para separar lo que son ganancias de capital de riesgo a medio y largo, tratándolas de modo distinto a las puras rentas de capital, que debieran ir a renta, como las demás", es decir, tributar al tipo marginal aplicable a cada contribuyente, propone López-Casasnovas. Se trataría de diferenciar por productos, de forma que no pagase lo mismo el rendimiento de un seguro que ha estado engrosándose durante años que las ganancias obtenidas en Bolsa a muy corto plazo.

Uno de los elementos más controvertidos de la fiscalidad española reside en las Sicav, sociedades de inversión equiparables a cualquier otro fondo de inversión colectiva, pero con una particularidad fiscal. Cumpliendo unos requisitos de capital mínimo (2,4 millones de euros) y 100 partícipes, estas sociedades están prácticamente exentas de pagar al fisco por sus beneficios (abonan un 1% frente al 30% general del impuesto de sociedades). Tributan, eso sí, al 19% o 21% por las ganancias que obtienen al retirar el capital, pero mientras está invertido apenas dan cuentas a Hacienda.

Más que en sus ventajosas condiciones fiscales, el problema de estas sociedades radica en la utilización de esos instrumentos como gestión privilegiada del ahorro particular, cuando el objetivo debe ser una inversión colectiva. Porque en muchos casos las Sicav son vehículos que utilizan las grandes fortunas para sacar rendimiento a sus patrimonios sin trabas fiscales. Los inspectores de Hacienda, que perdieron las competencias de fiscalización de estas sociedades en favor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, han denunciado reiteradamente que a menudo es una única persona la titular de cada sociedad y que los 99 accionistas restantes son mariachis que salvan el requisito legal.

Las 3.232 Sicav que existen en España manejan un jugoso patrimonio de casi 25.000 millones de euros de los que Hacienda podría obtener más partido. Sin embargo, poco reportaría ahora elevar el gravamen sobre el beneficio, pues estas sociedades, que dependen de la coyuntura bursátil, sufren los vaivenes de los mercados y registran pérdidas. A largo plazo -o con impuestos ligados a otro concepto distinto del beneficio- sí podrían proporcionar más recursos. El riesgo vuelve a ser la huida a otros países. Las Sicav, o instrumentos parecidos, existen en 20 países europeos, según datos de Inverco, la patronal de los fondos de inversión colectiva. En muchos de ellos incluso está exenta de tributación la ganancia patrimonial que obtiene el partícipe al retirar el dinero.

Ausente de todo este debate fiscal en España está la banca. Pese a su buena salud -el sector sigue arrojando beneficios aunque algunas cajas pasen por apuros-, no son muchas las voces que plantean gravar más a las entidades financieras, algo en lo que de momento ha fracasado la Unión Europea pero que sí se proponen hacer EE UU, Reino Unido y Alemania. Una medida de ese tipo actuaría como bálsamo para calmar las iras de funcionarios y pensionistas, pero hasta ahora ha pesado más el supuesto buen comportamiento del sector cuando la crisis se estaba incubando.

La adopción de esta y otras medidas dependerá de cuánto aprieten los mercados y del resultado de los ajustes planteados hasta ahora. Pero sobre todo, aunque ahora los mercados apenas reparen en ello, de la capacidad del país para volver a crecer después de este vapuleo económico. -

Sin rastro del cerco al fraude

Los ajustes adicionales que padecerá el país en los próximos años se están aplicando sin anestesia. Apenas ha habido mensajes destinados a suavizar un recorte centrado en colectivos poco dados a las sorpresas como son funcionarios y pensionistas. En los últimos días ha emergido la idea de que un nuevo impuesto a los más ricos compensará, al menos en parte, el daño infligido. Pero poco se ha dicho de la lucha contra el fraude, un mensaje que debería presidir cualquier intento de convencer a la ciudadanía de que el ajuste es cosa de todos, principalmente de los que eluden el fisco. En el duro discurso que pronunció el presidente del Gobierno el pasado 12 de mayo en el Congreso para anunciar los recortes hubo una vaga referencia al fraude, aunque fue para recordar planes ya en marcha.

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que agrupa al grueso del colectivo, se ha mostrado contraria a los ajustes y ha considerado "muy insuficiente" el control que se está realizando del fraude fiscal en momentos en que cada euro cuenta. Su portavoz, Francisco de la Torre, asegura que no han recibido estos días ninguna instrucción ni mensaje sobre la necesidad de estrechar el cerco al fraude. De la Torre conecta, además, los recortes aplicados (que afectan mucho a los inspectores porque forman parte de los funcionarios mejor retribuidos) con la eficacia contra la elusión fiscal: "Es complicado convencer a la gente a la que acabas de recortar el sueldo de que sea más eficaz en la lucha contra el fraude". Este inspector resta valor al plan adoptado recientemente por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para combatir las irregularidades y reclama nuevas medidas. -

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de mayo de 2010

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