Comienza el juicio contra 19 miembros de una banda neonazi

El próximo martes comenzará en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra 19 miembros de Sangre y Honor España (Blood & Honour), una banda de carácter neonazi. La fiscalía pide para ellos penas de cárcel que oscilan entre los cuatro y los cinco años por asociación ilícita y tenencia ilícita de armas

Según el escrito de la acusación, esta banda "promueve una doctrina antisemita y revisionista del Holocausto, niega el genocidio judío por parte del III Reich alemán, realiza de manera activa una exaltación de la ideología neonazi e incita al odio y la discriminación contra determinados grupos por razón de su raza, condición, religión o ideología".

La banda se había apuntado en 1999 en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior y de la Comunidad de Madrid y establecía entre sus fines la conservación de la cultura europea y la intención de separar a los jóvenes de la droga. En realidad, según el fiscal, no era más que la división española de Blood & Honour, una organización nacionalsocialista creada en Inglaterra en 1987 y que tiene ramificaciones en varios países de Europa.

Rock racista

Sangre y Honor se financiaba con la cuota de los socios, vendiendo parafernalia nazi y organizando conciertos de música en los que participaban grupos de rock de ideología racista y revisionista. Fue precisamente en uno de estos conciertos, celebrado en febrero de 2005 en Talamanca del Jarama (y en el que se gritaron consignas como "seis millones de judíos más a la cámara de gas"), cuando la Guardia Civil detuvo a la mayoría de los integrantes de la banda, entre ellos su cabecilla, Roberto L. Los agentes se incautaron de gran cantidad de propaganda neonazi y varias defensas extensibles de acero y eléctricas, así como de aerosoles de defensa personal prohibidos en España. En días posteriores, la Guardia Civil registró las casas de los detenidos y la sede de la banda, donde encontró dos pistolas, más armas de defensa personal, publicaciones que incitaban a la violencia y el racismo y ordenadores con documentación del mismo tipo.

Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, asociación que se presenta como acusación popular, destacó ayer que espera que los jueces manden un mensaje inequívoco a la sociedad contra este tipo de organizaciones y la ideología que promueven.