Las cajas fuertes del presidente

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, buscó un hueco el lunes pasado en su apretada agenda para verse con Isidro Fainé, nombrado presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), antes del encuentro con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, el miércoles. La única posibilidad era el lunes, un día que Fainé acostumbra a pasarlo en la sede social de La Caixa, que también preside, para planificar y revisar los asuntos de la entidad con los miembros de la comisión ejecutiva. Fainé también estaba invitado a acudir como miembro del comité ejecutivo de la CEOE a Santiago de Compostela. Pero, ante la cita con el presidente, tuvo que hacer una excepción en su también saturada agenda y volar la mañana del lunes de Barcelona a Madrid.

Zapatero quería, antes de convenir con Rajoy un acuerdo político para la reestructuración de las cajas, tomar el pulso de última hora del sector de boca de su nuevo líder, que también trasladó sus preocupaciones a Rajoy. Es decir, que se necesitan cajas fuertes que puedan competir en el mercado.

Pero Zapatero también buscaba, y en el fondo con más ahínco, demostrar que quiere ponerse al frente de la necesaria reforma de las cajas de ahorros aprovechando el cambio en la cúpula sectorial. Eso lo demuestra que, pese a la urgencia de los últimos años, nunca recibió en su despacho al anterior presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás. Y si hubo alguna reunión a solas, no se difundió como los servicios informativos de Presidencia se preocuparon en esta ocasión.

Seguramente, la oportunidad lo requería como nunca. Dos días después del encuentro de La Moncloa, tras un martes maratoniano de reuniones en Bruselas y con los sinsabores por la debacle de los mercados y la filtración de los datos del paro como telón de fondo, Zapatero recibió en el palacio de la Moncloa a Rajoy. Pese a que coincidieron en subrayar que se necesitan esas cajas fuertes de las que hablaron con Fainé, algunas fuentes cercanas al PP subrayaron tras el encuentro que no se había firmado ningún acuerdo que supusiese alguna novedad sobre lo que ya estaba en marcha.

En cualquier caso, la atrasada reestructuración recibió todas las bendiciones y ahora hay pocas excusas para reformar la Ley de Órganos Reguladores de las Cajas de Ahorros (LORCA) que el sector pide desde principios de siglo. Es clave para que se complete el proceso de fusiones en el que ya están involucradas casi la mitad de las 45 cajas existentes, aunque las dificultades impuestas por los poderes políticos autonómicos han impedido que haya operaciones interregionales más allá de las denominadas SIP (sistema de protección institucional). No obstante, solo 48 horas de estar Zapatero y Rajoy juntos, el PP ya puso pegas al acuerdo en la CCM.

Esas obstrucciones no van a faltar en este proceso de cambios que implica reducir el peso político. O, para ser más exactos, quitar el control que ejercen los Gobiernos autonómicos y locales y que ha sido una de las principales causas de que no se hayan logrado avances. Sin ir más lejos, el mismo día de la reunión Zapatero-Rajoy, las cajas gallegas (Caixa Galicia y

CaixaNova) acudían al Banco de España para formalizar su fusión. La integración supone una enorme redundancia de oficinas y de personal, que no se produciría si la fusión fuera con una de otra comunidad; pero las autoridades del BE no han podido convencer de dicha circunstancia -y parece que Rajoy tampoco- al Gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo, que fue el que la propició tras conocer el interés de Caja Madrid por Caixa Galicia. La primera, en la frente. Ya veremos qué pasa en la Comunidad Valenciana con Francisco Camps...

Posiblemente, la reforma de la LORCA facilite las operaciones. En la promulgación de la Ley Financiera en 2002 ya se limitó la representación política en el 50%. El sector pide ahora que ese límite sea el 25%. Esta cirugía permitiría profesionalizar los órganos de gobierno de las cajas.

Nadie discute ya que la solución pasa por ahí para que las cajas sean competentes y puedan cumplir las exigencias de capitalización de Basilea III. Se potencian además las cuotas participativas para dotar capital. Estos instrumentos fueron ideados en los noventa con Solchaga como ministro de Economía, pero únicamente los han utilizado la CECA y la CAM. No obstante, tendrán que aplicarse antes del 30 de junio. -