Amplio rechazo a la política educativa del PP

La política educativa del PP en la Comunidad Valenciana cosechó un amplio rechazo por parte de profesores, padres y alumnos. La Plataforma per l'Ensenyament Públic realizó ayer la primera de las consultas que tiene programadas en todos los centros educativos valencianos. 73.000 personas de 342 centros estaban convocadas para votar. Según los datos de la Plataforma, participaron 46.597, un 63% del total del censo. El resultado fue demoledor para el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora: El 96% (44.733 votos) se pronunció a favor de un cambio en la política educativa de la Generalitat. Los defensores de su gestión se quedaron en un minúsculo 2,7% (1.258 votos). El resto, hasta 605 sufragios, fueron declarados nulos.

"En educación, lo están haciendo mal, muy mal, como si lo hicieran adrede", resume Alicia, una madre que lleva a sus hijos al céntrico colegio público Max Aub de Valencia y que desde hace años quiere que se amplíen las instalaciones con el solar expropiado. "Son cosas incomprensibles", prosigue, "no se entiende cómo [la consejería] puede poner chino en las escuelas, cuando faltan tantas cosas". La escena se reprodujo en colegios e institutos de un centenar de municipios y de manera masiva en Valencia capital. En el barrio marinero de El Cabanyal, los cinco centros públicos llevaron las urnas frente a un centro comercial, con el apoyo de la Asociación de Vecinos del Distrito Marítimo. Fue toda una fiesta. Música y merienda, mientras padres, profesores y niños explicaban las deficiencias que padecen. En el barrio Benimaclet, el CP Padre Catalá, con 600 alumnos y medio centenar de maestros, la urna tuvo su mayor momento de afluencia por la tarde, a la hora de la salida. "El 70% de los centros escolares de Benimaclet, Benicalap y del Barri de la Llum han participado". El voto telemático se estrenó en varios colegios como el Santa Teresa. Y, en otros, como el instituto público Enric Valor de Monòver, el claustro de profesores sacó la urna a la calle y votó "de espaldas" o con "caretas" para evitar represalias de la consejería que ha estado presionando para rebajar el impacto negativo de la consulta, que se extenderá a los 1.700 centros hasta el 15 junio.