El decreto de parques naturales enfrenta a alcaldes y ecologistas

Las juntas rectoras de los 24 parques naturales de la comunidad están analizando en las últimas semanas el borrador del nuevo decreto de la Consejería de Medio Ambiente para regular los usos y actividades en los espacios protegidos. Los colectivos que integran estas juntas están aportando un buen número de alegaciones con la intención de mejorar un decreto que el Gobierno andaluz pretende aprobar este año.

El decreto, que nace para agilizar y simplificar los procedimientos administrativos, tiene su punto más discutido en el artículo que regula el régimen de autorizaciones, que está enfrentando a alcaldes y ecologistas. Este artículo establece que "las previsiones urbanísticas relativas a parámetros de edificación y características constructivas contenidas en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de los distintos parques naturales, no serán de aplicación en aquellos municipios en los que los planes urbanísticos municipales hubiesen sido sometidos en su tramitación a evaluación ambiental y aprobados definitivamente con posterioridad a la entrada en vigor de los citados instrumentos de planificación ambiental".

Ecologistas en Acción rechaza este artículo por entender que los PGOU de los ayuntamientos van a prevalecer sobre las normas legales de los parques. "Las juntas rectoras van a perder todas sus competencias a favor de los PGOU", advierte José Sillero, coordinador de Ecologistas en Acción. Sin embargo, la directora general de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales, Rocío Espinosa, aclara que "prevalecen los planes urbanos porque ya están sometidos previamente a los planes rectores de los parques". De hecho, el mismo decreto establece que los instrumentos de planificación en los parques naturales servirán para "concretar el régimen urbanístico, allí donde no exista una planificación que goce de la garantía de la evaluación ambiental del plan o programa". También otorga prevalencia a las disposiciones del decreto cuando exista contradicción con otras normas de los parques. "El espíritu del decreto", sostiene Rocío Espinosa, "es la simplificación de los procedimientos y dotar de normas comunes a los espacios naturales, salvaguardando la singularidad de cada parque".

Otras alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción plantean que los PORN y PRUG establezcan unos mínimos parámetros urbanísticos que garanticen los usos forestales, agrícolas y ganaderos del suelo no urbanizable; y que la construcción y superficie mínima de parcela para viviendas en fincas rústicas esté avalada por la viabilidad de la explotación agraria y la necesidad de contar con una vivienda en la misma.