Del Valle pide la nulidad de la instrucción del 'caso Ballena Blanca'

El abogado Fernando del Valle, principal acusado en el caso Ballena Blanca, pedirá la nulidad de las actuaciones o su devolución al juzgado de instrucción en el reinicio hoy lunes del juicio sobre blanqueo de capitales tras un mes de suspensión para que las partes pudieran estudiar el sumario, que habían recibido de forma incompleta. Fuentes cercanas a Del Valle confirmaron que su defensa, ejercida por el letrado Horacio Oliva, ha presentado un escrito ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que juzga el caso, para adelantarle sus intenciones.

La Sala, presidida por el magistrado Federico Morales, decretó suspender la vista oral durante un mes, después de que la mayoría de los letrados de los 19 acusados del caso se quejaran de indefensión porque no habían tenido acceso a la totalidad del sumario y de las piezas de convicción.

Entre los elementos que las defensas echaban en falta había documentación intervenida en el despacho marbellí de Del Valle y que ocupaba un total de 499 ficheros A-Z. La suspensión durante un mes supuso un varapalo de hecho a la investigación del caso, realizada en 2005 por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres.

Un "caos" de sumario

Del Valle, acusado de blanquear desde su bufete 12 millones de euros pertenecientes a diversos delincuentes internacionales y que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel, pretende que se anule completamente la causa. Si no fuera así, solicita que se reenvíen las actuaciones al juzgado instructor para que revise toda la documentación. Fuentes próximas al letrado describen el sumario como un "caos".

En las dos jornadas celebradas del juicio, dedicadas al examen de las cuestiones previas planteadas por la defensa, el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero, defendió la pulcritud de las actuaciones dirigidas por Torres, a quienes los abogados acusaron de "enemistad manifiesta" hacia sus representados y "ordenar detenciones ilegales". El 22 de marzo, cuando el magistrado Morales suspendió la vista oral, advirtió de que se interrumpía la causa para "complementar" la información, pero dejó la puerta abierta a devolver la causa al juzgado de instrucción si fuera necesario.