El Consell niega que ordenara contratar con la trama Gürtel

La explicación de por qué 17 departamentos de la Generalitat contrataron, a lo largo de cinco años, en la mayoría de los casos amañanado contratos y concursos, con nueve empresas de una trama de corrupción investigada por financiación ilegal del PP no está ni en el Consell ni en el partido. La portavoz del Ejecutivo de Francisco Camps, la consejera Paula Sánchez de León, calificó ayer de "tendenciosa y falsa en su planteamiento" una pregunta de este diario en ese sentido y dijo que "no ha habido instrucciones ni del Consell ni del Partido Popular".

Sánchez de León arremetió contra el informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que revela el carácter generalizado de las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama Gürtel. "Ya está bien de infamia, mentira y difamación", exclamó, sin precisar si se refería al informe propiamente o a lo que insistió en denominar "interpretaciones tendenciosas". Tras comparecer flanqueada, en una iniciativa inédita, por la abogada de la Generalitat, Isabel Villalonga, y por el interventor general, Salvador Hernándiz, dejó caer que el firmante del informe es un interventor adscrito a la vicepresidencia del Gobierno y hermano de una subsecretaria del Ministerio de Industria.A la pregunta de qué significado hay que dar al hecho de que quien suscribe el informe tenga unas u otras vinculaciones familiares, Sánchez de León respondió que "la misma que dar por sentado que dos contratos por un catering y un vídeo tienen un mismo objeto y suponen el fraccionamiento de un contrato".

Sánchez de León denuncia una "distorsión de la información"

La portavoz del Consell se refirió en varias ocasiones a la "manipulación partidista" y la "distorsión generalizada de la información", señaló que la Sindicatura de Comptes ha fiscalizado a la Generalitat sin hallar irregularidades y presumió, como había hecho la abogada general, Isabel Villalonga, de transparencia porque el informe judicial se ha hecho con la información remitida desde la propia Administración valenciana.

Villalonga, que acusó, con tono vehemente, a los autores del informe pericial de haberse "extralimitado", les atribuyó "graves errores" y exculpó al Consell, fue subsecretaria de la Consejería de Turismo cuando se adjudicó a Orange Market el primero de los pabellones de Fitur, en 2005, y esa y otras empresas de la trama recibieron contratos de forma irregular. La consejera portavoz zanjó que no hay "ninguna implicación". Tuvo que reconocer, sin embargo, que la "transparencia" de la Generalitat en el caso vino forzada porque toda la información fue remitida a requerimiento del juez que investiga la corrupción.

Sánchez de León intentó minimizar el escándalo porque las 85 operaciones de la trama corrupta con la Generalitat, 76 de ellas basadas en contratos a dedo y el resto mediante concursos en algunos casos más que sospechosos, sólo representan el 0,04% del volumen total de contrataciones de la Generalitat.

La intervención en la conferencia de prensa posterior al pleno del Consell de Isabel Villalonga, que al igual que el interventor general no admitió preguntas, levantó la indignación de los grupos de la oposición. El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, calificó de "sarcasmo" que la abogada general de la Generalitat diga que la documentación sobre los contratos ha sido facilitada a la Unidad de Auxilio Judicial, "como si fueran suyos", y resaltó que ese informe ha tardado en hacerse porque "han estado ocultando los expedientes a los diputados y a todos". "Se les debería caer la cara de vergüenza", añadió, para concluir pidiendo que el Consell muestre todos los expedientes, con el fin de poder analizar "lo que está bien o mal" en cada uno.

"Nos parece vergonzoso que el organismo que dirige la abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga, utilice a los funcionarios como parapeto del presidente Camps", lamentó la diputada de Compromís Mireia Mollà.

Camps estuvo esperando ayer que el PP nacional saliera en su apoyo. Lo hizo Federico Trillo, coordinador de Libertades Públicas y Justicia, que denunció las "intoxicaciones y manipulaciones" que, a su juicio, se están produciendo por parte de "los representantes del Gobierno" para "perjudicar" al PP valenciano e "influir" en la decisión que tendrá que tomar el Tribunal Supremo el día 12 de mayo en relación con los trajes regalados a Camps.